Al borde de la legalidad
Yaún dicen que la política está judicializada. ¿Cómo no va a estarlo? Mirad algunas de las noticias de un día. Se convalida un decreto para asegurar el trabajo de los funcionarios interinos, acto que parece de justicia, y la Abogacía del Estado tiene serias dudas de que sea constitucional. El Gobierno catalán aprueba el aval de socorro a 34 altos funcionarios para que el Tribunal de Cuentas no les embargue sus bienes, y hay quien dice que podría ser ilegal por tratarse de dinero público y hay quien publica que podría ser “otra malversación”. Se rescata a una compañía de aviación por ser estratégica aunque solo tenga un avión, y el rescate acaba en un juzgado que decidirá si el dinero está justificado o esconde alguna irregularidad. Está vigente un decreto que prohíbe los desahucios y los fondos amenazan con no invertir más porque atenta contra la libertad económica. El Gobierno aprueba su proyecto de ley de Memoria Democrática, y el PP anuncia su derogación porque lo que España necesita es concordia y no echar sal en las heridas.
A todo esto, añadan ustedes que son los tribunales los que tienen que autorizar los toques de queda y otras medidas sanitarias que para la mitad del Tribunal Constitucional suponen supresión de derechos fundamentales y para la otra mitad dejarían inerme al Estado. Sumen todos los discursos políticos que, ante la proliferación de recursos y demandas, hablan de judicialización como uno de las perversiones de la calidad democrática, sobre todo en Catalunya. Y agreguen la fácil teoría, fabricada nada menos que en el Gobierno, de que los tribunales están funcionando como oposición o de que estamos gobernados por los jueces, y sale un diagnóstico demoledor: si pasa todo esto es porque en este país se gobierna al borde de la legalidad. O de la ilegalidad.
La extensión de esa idea es corrosiva. Si muchas decisiones políticas, incluso administrativas, tienen que ser corregidas por la justicia, pero la justicia es muy lenta, ahí tenemos una de las causas de la inseguridad jurídica que tanto daño hace a la credibilidad del sistema. Y si la rectificación de esas decisiones en los juzgados es constante, el Estado de derecho corre el riesgo de ser campo de una batalla que, bien manipulada, convierte a la justicia en enemiga del Ejecutivo o en su brazo ejecutor, según quien sea el beneficiado o el perjudicado. No es imaginación de este cronista: para el independentismo catalán es brazo ejecutor; para algún partido de ámbito estatal, es enemiga. Lo dijo Pablo Fernández, portavoz de Podemos: “Es un escándalo que en este país una parte del poder judicial se dedique a hacer política y no a impartir justicia”.
Ahora falta la parte más sugestiva: alegar que no hay pluralismo en la justicia. Pues esa contienda la acaba de inaugurar la dirigente socialista Adriana Lastra con esta teoría: a juez o jueza se llega por oposición; la oposición cuesta tiempo y dinero; por lo tanto, solo está al alcance de los ricos; luego solo los ricos pueden ser jueces. Lastra abrió lo que faltaba en un panorama tan alentador: la lucha de clases judicial.