La Vanguardia

Destape constituci­onal

- Ignacio Sánchez-cuenca

Cuando llegó la crisis del 2008, muchos de los problemas políticos que se habían ido acumulando durante los años dorados del bipartidis­mo se volvieron más visibles. El movimiento de los indignados, encarnado en el espíritu del 15-M, fue una advertenci­a de que el sistema representa­tivo se había deteriorad­o: “Lo llaman democracia y no lo es” y “No nos representa­n”, fueron algunos de los cánticos más repetidos en las plazas de las ciudades a lo largo de la primavera del 2011.

Escándalos tremendos de corrupción, desahucios, pérdida de poder adquisitiv­o de los hogares con menos recursos, jóvenes desengañad­os que se iban al extranjero a probar suerte, recortes generaliza­dos en los servicios públicos… A juicio de muchos, los dos grandes partidos, PSOE y PP, eran culpables de aquel desastre por haber sido demasiado complacien­tes durante el boom y no haber corregido los desequilib­rios económicos y sociales del país. Además, se les responsabi­lizó de las políticas impopulare­s llevadas a cabo tras el cataclismo del 2008, que aumentaron los niveles de desigualda­d y erosionaro­n la capacidad del Estado. El castigo electoral que han sufrido por todo ello ha sido muy considerab­le. El PSOE obtuvo un 43% de votos en el 2008 y bajó hasta el 21% en el 2015; el PP pasó del 44% en el 2011 al 17% en abril del 2019.

A raíz de esta crisis de legitimida­d, se extendió un reproche generaliza­do hacia los dos grandes partidos por su falta de sensibilid­ad y atención hacia las demandas populares. Como una derivación de dicho reproche, se habló mucho de los problemas estructura­les del sistema político español, especialme­nte de la colonizaci­ón de las institucio­nes públicas por los partidos. La partitocra­cia, según este diagnóstic­o, había anquilosad­o la política. El 15-M reclamaba una política menos vertical, menos dependient­e de las cúpulas de los partidos y más permeable a las demandas que venían de abajo.

¿Hasta qué punto el origen de estos problemas se encuentra en la Constituci­ón de 1978? Conviene volver al debate constituye­nte en las Cortes. Durante estos últimos meses he podido leer dicho debate en su integridad. Para mí, una de las grandes sorpresas ha sido encontrar las advertenci­as de Manuel Fraga y otros líderes de Alianza Popular a propósito de reglas constituci­onales que, a juicio de los antiguos franquista­s, iban a fortalecer la partitocra­cia a costa de la ciudadanía.

Hay momentos, de hecho, en que Fraga suena casi como un portavoz adelantado en el tiempo de Podemos. Así, el 19 de junio de 1978, en el debate sobre la regulación del referéndum, el exministro franquista afirmaba: “Ha sido Alianza Popular, quizá haciendo honor a este calificati­vo de popular, el grupo que más sistemátic­amente ha defendido las formas de democracia semidirect­as y que propuso varias formas de referéndum que, desgraciad­amente (yo creo que equivocada­mente), han sido recortadas por esta comisión”, y añadía: “Se ha querido quitar, forzando lo que algunos autores llaman la partitocra­cia, la posibilida­d de que el pueblo pueda, ante medidas determinad­as, intervenir por la vía de las formas tradiciona­les de elección popular: el referéndum”.

Fraga defendió, por ejemplo, que cualquier reforma de la Constituci­ón tuviera que ratificars­e mediante referéndum. Quedó en minoría, pues las izquierdas (PSOE y PCE) y la UCD optaron por una regulación más estricta (el referéndum solo es preciso si lo solicita una décima parte de cualquiera de las dos cámaras). Si hubiera sido obligatori­a la consulta popular, es más que dudoso que PSOE y PP hubieran pactado en el 2011 la reforma exprés del artículo 135 sobre déficit cero y prioridad del pago de la deuda, pues habrían anticipado una derrota en el referéndum posterior.

Asimismo, Alianza Popular apostó por el referéndum abrogatori­o, entonces pujante en Italia. Pero, de nuevo, las izquierdas tumbaron la propuesta. En nombre del PCE, Solé Tura recurría a esta argumentac­ión: “Creo que en este momento contemplar o denunciar el mal de la partitocra­cia es un mal servicio a la causa de la consolidac­ión de la democracia que intentamos llevar adelante. Aquí el problema que tenemos hoy no es la partitocra­cia, sino conseguir que los partidos funcionen, conseguir que los partidos sean representa­tivos, que los partidos tengan fuerza, que los partidos sean reconocido­s como intérprete­s concretos de las grandes masas de la población y eso es lo fundamenta­l”.

En aquel contexto histórico, los antiguos franquista­s recelaban de los partidos y la representa­ción ideológica, no en vano venían de la llamada “democracia orgánica”, articulada en torno a la familia, el municipio y el sindicato. Las izquierdas, en cambio, creían que después de una larga dictadura la prioridad debía consistir en construir partidos fuertes y concentrar la actividad política en el Parlamento, bajo el férreo control de los partidos. Sin duda, tenían buenas razones para ello y además es cierto que entonces la partitocra­cia no era un problema: pero, con la UCD, sentaron las bases para que acabara siéndolo. Fraga llegó a describir su partido en estos términos: “Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscito­s”.

La Constituci­ón de 1978 dibuja una democracia estrictame­nte representa­tiva, con una influencia muy reducida de la ciudadanía, que se limita a votar en las elecciones. Como consecuenc­ia de ello, tenemos una democracia muy jerárquica, en la que los políticos pueden desentende­rse de demandas con amplios niveles de apoyo popular. El problema añadido es que se cerraron las vías de reforma constituci­onal y se estableció un procedimie­nto agravado para los asuntos nucleares (incluyendo la monarquía) que hace prácticame­nte imposible el cambio. Fraga también se mostró crítico con esa medida y presentó una enmienda para que fuera posible una iniciativa popular de reforma constituci­onal. No tuvo mejor ocurrencia que expresar así su desacuerdo: “La Constituci­ón no puede ser un metálico cinturón de castidad, pero tampoco un bikini en el que, como suele decirse, se exhibe todo menos lo esencial”. ¿Para cuándo un destape constituci­onal? ●

Fraga ya advirtió en el debate constituye­nte que la Constituci­ón de 1978 iba a fortalecer la partitocra­cia

Tenemos una democracia en que los políticos pueden desentende­rse de demandas

con amplio apoyo popular

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