“Es deber del Estado poner la red para salir de la violencia con o sin denuncia”
Victoria Rosell Delegada contra la Violencia de Género
Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha impulsado el Catálogo de Medidas Urgentes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, un plan surgido tras el repunte de los asesinatos machistas tras el fin del estado de alarma. Un plan que prevé tejer una red de apoyo público para detectar la violencia machista y acompañar a las víctimas en su salida, denuncien o no.
El Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género prevé acercar los servicios públicos a las víctimas de violencia de género, ayudarlas a salir más allá de la denuncia ¿Se las había dejado asiladas, sin herramientas?
Hemos detectado que las víctimas reciben poca ayuda de su entorno, y que el entorno y la sociedad revela que no tiene claro qué hacer ante una petición de ayuda. Una cosa dar apoyo, y otra es remitirla al sitio adecuado. Las nuevas medidas van dirigidas no solo a dar información a los profesionales sino al conjunto de la sociedad. A la denuncia policial y judicial no llega ni un 30% de las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas. Y hay otro caudal muy valioso para proteger y valorar el riesgo de estas personas tendiendo una red entre los servicios de salud, los servicios sociales y otras puertas de salida como el Viogén –el sistema de seguimiento del Ministerio del Interior–, que ha de nutrirse de todos estos datos. Dado el número de víctimas que demanda ayuda sin denunciar, las administraciones han de ser proactivas en la detección y en la respuesta.
¿Podrán absorber los centros de salud, ya exhaustos, esta atención? ¿Hay presupuesto?
Estas medidas tienen presupuesto. Están los 100 millones de euros para las autonomías de Estado contra la Violencia de Género, otros 80 millones están en los ministerios implicados, se ha duplicado el presupuesto para los municipios. Este dinero muchas veces no se ejecuta al cien por cien.
Tras el estado de alarma han sido asesinadas 18 mujeres, usted señalaba la necesidad de no poner todo el peso en la necesidad de que se denuncie al agresor.
La denuncia policial y el ámbito judicial tienen la exclusiva de actuar contra el agresor. No hay ningún otro poder del Estado que pueda privar de libertad a una persona, o limitarla. Pero respecto de la víctima esto no existe. El Estado, que incluye autonomías y municipios, tiene la obligación de proteger a las víctimas exista o no denuncia y de poner a su disposición la red necesaria para que la víctima salga. El Estado no puede decirle que denuncie y así se le concederá protección. El Estado tiene que poner las condiciones materiales y económicas para que este salto no sea sin red, no sea un salto mortal. A veces será una solución habitacional, una renta, ayudas para los hijos. Ellas han de saber que llamando a estas puertas tendrán la condición de víctimas sin haber denunciado. El amparo no tiene porque quedar en manos del ámbito policial y judicial.
¿Podría haber protección policial sin denuncia?
Se va a elaborar un protocolo de la secretaria de Estado de Seguridad, el Protocolo 0, que valorará no solo lo que cuenta la víctima, que suele minimizar la gravedad, sino su entorno. Y esto puede generar mecanismos de protección policial que no estén condicionados a que ella presente denuncia.
También ha señalado la necesidad de poner la mirada en el agresor y no siempre en la víctima.
Nuestra historia de protección a las víctimas , sin obviar que somos un referente internacional, han repercutido en las mujeres, pero su protección no solo puede recaer en ellas. Incluso los dispositivos electrónicos de control de las medidas de alejamiento, que son muy valorados, fundamentalmente a quien localizan, a quien llaman, es a la víctima. Es importante también trabajar con el agresor . Hay que evaluar el riesgo que supone el agresor, para la mujer y también para los hijos.
Con respecto a los hijos, el Catálogo aprobado prevé la elaboración de un Plan de Actuación y Desarrollo de los Derechos de los niños y niñas.
Hemos aprobado dos leyes que contienen medidas contra el falso síndrome de alienación parental (SAP), y también prevén la suspensión del régimen de visitas a los agresores. Esas medidas se van a concretar por especialistas en este nuevo plan. Hay 1.600.000 niños que viven en familias en las que se desarrolla algún tipo de violencia.
Muchas mujeres denuncian que el SAP se sigue aplicando, parece que entrar en el ámbito judicial es terrorífico para muchas.
Mediante la formación, la Justicia tiene que reconocer sus propios estereotipos y prejuicios. Cuando las leyes dicen que todo debe decidirse conforme al principio de interés del menor, este interés del menor se ha de llenar de contenido, y no es mantener el contacto con los dos progenitores si uno es agresor. El interés del menor es una vida libre de violencias y a menudo se ha identificado con el interés del progenitor, aunque sea sospechoso o incluso condenado. Es un prejuicio machista que hace mucho daño. El falso SAP, que antes se llamaba el Síndrome de la Mujer Maliciosa, es una reacción machista a las mujeres que denuncian abusos o malos tratos contra los propios hijos, y se les dice que los están manipulando. La solución que proponía el inventor de este síndrome es el arrancamiento de los hijos de las madres, la amenaza para que aprendan. Y lo que se aprende es a no denunciar el maltrato. Un mecanismo siniestro que somete a los niños a más violencia. Esto no tiene que desterrarse solo de las resoluciones judiciales sino también del ámbito técnico, de las periciales, de psicólogos y psicoterapeuta, que actúan con un sesgo machista y a menudo también con un sesgo ultracatólico, de conservación de la idea tradicional de la familia, que causa mucho daño.
¿No se avanza?
Frente a los avances evidentes del feminismo también hay una reacción del patriarcado y del machismo radical. Cuando en el 2004 se elaboró la ley contra la Violencia de Género lo que había era desinformación. Ahora hay que hacer frente a la intoxicación, a quienes quieren que la sociedad retroceda y las mujeres regresen a casa a hacer sus labores.
El Catálogo de Medidas “Nos dirigimos a la sociedad, clarificamos qué hacer cuando una víctima pide ayuda”
Protocolo 0 “Se valorará el testimonio del entorno para la protección policial sin denuncia”
Castigo a las madres “Hay sectores ultracatólicos en los procesos judiciales que causan mucho daño”