En favor de la alegría racional

La Sagrera y Glòries por acabar, la L9 del metro avanzando a un ritmo pausado, el nuevo Clínic empantanado en la discusión sobre dónde hacerlo. Eso solo en Barcelona. Preguntémonos: ¿estamos impulsando los proyectos públicos de infraestructuras al ritmo de finalización más adecuado para las necesidades y oportunidades del momento?

La respuesta no es fácil, aunque desde el punto de vista de los principios el criterio está claro: un proyecto bien definido que en el momento cero se ha decidido que vale la pena, en el sentido de que genera beneficios superiores a los costes, se tiene que ejecutar, minimizando los costes de construcción, pero teniendo en cuenta que no disponer de su uso durante todo un año es un coste. Es decir, hacerlo en dos años en vez de uno, o en tres en vez de dos, solo está justificado si el ritmo más tranquilo trae un ahorro del coste de construcción que supera el beneficio social por el uso perdido en el segundo año.

El cálculo del coste es algo delicado ya que está necesariamente ligado al mecanismo de financiación. Hay proyectos (autopistas de peaje) en que la intención es que la construcción se autofinancie con ingresos futuros. Entonces el proyecto se tiene que construir a la máxima velocidad compatible con esta autofinanciación. Pero en los proyectos que no tienen esa intención, que son los más, entra otro factor: se tienen que financiar con impuestos, de golpe o por la vía de un endeudamiento que habrá que devolver. Dependiendo del contexto fiscal, eso podría recomendar una velocidad de ejecución que no sea la máxima posible, pero aun así será relativamente rápida.

Esta es la teoría. En la práctica tenemos episodios que pueden distorsionar este cuadro. Unos son los arrebatos de exuberancia. Recordemos una primera década de este siglo caracterizada por una actividad constructora muy notable, incluso frenética. Tanto del sector privado, en la promoción de viviendas, como del público, en la de infraestructuras de todo tipo. Fueron los tiempos de la exuberancia irracional (Greenspan dixit) y de las financiaciones estructuradas. La fiebre se inició y prosperó en el sector privado, pero el público se contagió. Era irresistible chutar la pelota adelante recurriendo a los créditos estructurados extrapresupuestarios. En sí mismo eso no es malo. Quizá sin la crisis que vino, consecuencia de la burbuja privada, los proyectos iniciados se habrían podido finalizar al ritmo previsto. Pero con la crisis quedamos atrapados, y hemos tenido que sufrir la pérdida que representan, por ejemplo, los recursos literalmente enterrados de la L9. Así hemos aprendido que es bueno controlar los estados de ánimo saturados de adrenalina.

La distorsión opuesta la vivimos desde la crisis del 2008. En parte porque primero nos lo impuso Europa, y en parte porque después hemos interiorizado un talante de extrema prudencia, hemos basculado hacia un régimen de financiación de infraestructuras sin recurrir al crédito: las obras se hacen al ritmo que permiten los presupuestos del financiador público y, como no faltan proyectos válidos y bien definidos, lo que acabamos viendo son muchos proyectos iniciados (no necesariamente aún en obras) progresando a paso de tortuga. Confieso que la motivación para este artículo fue leer que si todo va bien la Modelo estará reconvertida no antes del 2030.

Creo que deberíamos movernos hacia un equilibrio que dé más peso a la rapidez. La UE lo ha hecho. Se ha movido –ya veremos hasta cuándo– hacia una actitud más tolerante con el endeudamiento presupuestario y, me atrevo a decir, el endeudamiento extrapresupuestario por la vía de la intermediación privada o semipública (del BEI, por ejemplo). Pensemos que la mitad de los Next Generation serán créditos. Por otra parte, pero con la misma raíz, son tiempos de tipos de interés muy favorables. Todo va en la dirección de basarse en el crédito para proyectos válidos, con el fin de poder emprenderlos pero también de completarlos en periodos relativamente cortos. No querría que volviéramos a la exuberancia irracional, pero creo que un poco más de alegría racional sería indicada.

Históricamente nos ha gustado construir a base de plazos marcados por grandes acontecimientos. Quizá, si nos los conceden, volveremos a hacerlo con los Juegos de invierno. Lo que ya es seguro es que podríamos aprovechar que la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos nos acaban de proclamar capital mundial de la arquitectura en el 2026 para que sea un gran hito. Una ventaja sería que el hito en sí no necesita infraestructuras de las que después no sabemos qué hacer. Solo pediría acelerar lo ya previsto, y un cierto esmero por la calidad arquitectónica y urbanística. Lo cual no estaría nada mal.

Deberíamos movernos hacia un equilibrio que dé más peso a la rapidez;

la UE lo ha hecho