Las causas por corrupción marcarán de nuevo el inicio de curso del PP
En septiembre habrá decisiones judiciales sobre los casos Lezo, Púnica y Bárcenas
Los dirigentes del PP se enfrentan a una rentrée política judicialmente complicada debido a la acumulación de causas sobre las que se esperan decisiones de los tribunales. Una de las más esperadas y temidas es la sentencia sobre la caja B del partido, a partir de los llamados papeles de Bárcenas.
Un diputado del Partido Popular se mostraba convencido, a principios del verano, de que la Audiencia Nacional daría a conocer la sentencia de la caja B del partido en julio. Esta sentencia, entre otros puntos, acreditará si la contabilidad no declarada a Hacienda sirvió para pagar parte de la reforma de Génova, 13.
La maquinaria de la calle Génova estaba “preparada” –explicaba la misma fuente, próxima a la cúpula de Pablo Casado– para sacar su contrargumentario y dar carpetazo a un juicio que llevó al banquillo como testigos a los expresidentes Aznar y Rajoy y a todos los últimos exsecretarios generales del partido. Pero las previsiones, basadas en algunos titulares que vaticinaron que la sentencia llegaría a final de julio, fallaron.
“De nuevo, toca iniciar curso con la sombra de la corrupción sobre nosotros, que ni tan siquiera estábamos en aquel PP. Casado ha demostrado que esa etapa ya pasó, que el partido se ha regenerado, pero le resulta realmente complicado avanzar así: cada vez que las aguas se calman: otra sentencia, otra imputación, otra apertura de juicio oral”, reflexionaba, a finales de la pasada semana para La Vanguardia el mismo parlamentario. Y está cargado de razón en lo que al calvario judicial que le espera al PP este otoño del 2021. Además de la sentencia de Bárcenas, se sabrá si hay juicio por adjudicaciones de la era de Aznar a cambio de presuntas comisiones; se sabrá si habrá banquillo por la financiación irregular del PP madrileño; se aclarará el futuro judicial de Esperanza Aguirre y continuará en el Congreso de los Diputados la comisión Kitchen.
Estos son los principales casos que atenazan el inicio del curso en el Partido Popular. Un septiembre negro.
La sentencia de la caja B
La condena de la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel, en mayo del 2018, generó un movimiento sísmico político que pocos calcularon. Los 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados –que luego el Tribunal Supremo rebajaría– hizo caer, a través de la moción de censura, a Mariano Rajoy como líder del ejecutivo y del PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por su implicación en la trama. La sentencia de la caja B –que se espera, según fuentes jurídicas, para septiembre– también podría provocar daños difíciles de pronosticar.
En el PP temen que se cumplan las peticiones de las acusaciones que, como señalan a este periódico, “no tienen dudas” de que en el juicio quedaron corroborados los aspectos fundamentales de sus argumentos. Estos serían: quedó acreditada la existencia de la caja B y la reforma de Génova fue pagada con dinero negro. Distintas fuentes también apuestan a que el fallo confirmará la contabilidad paralela, pero que el tribunal no empleará gran espacio puesto que esta ya fue corroborada por el Supremo: “No hay discusión posible”.
La pieza 9 de Púnica
Al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se le agotaba a finales de julio el tiempo para seguir con la instrucción de la pieza 9 del caso Púnica, relativa a la presunta financiación irregular del PP en Madrid. La prorrogó tres meses, pero fuentes de este tribunal explican que no agotará los plazos: el fin de las pesquisas es inminente. Con este cierre se despejará una gran duda: si sitúa Aguirre a un paso del banquillo o si la exculpa.
Esta pieza separada investiga si la caja B de los populares madrileños se nutrió con donaciones de empresarios para financiar las campañas electorales del 2007, 2008 y 2011. Aguirre lleva dos años imputada en esta causa junto al expresidente Ignacio González, también epicentro de la otra trama corrupta que salpica al PP: el caso Lezo.
Sobornos de la era Aznar
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cerró antes del parón vacacional la pieza de las presuntas donaciones de
Púnica, Lezo y los papeles de Bárcenas tendrán decisiones judiciales este mes de septiembre
Los jueces deben decidir si sientan en el banquillo a Esperanza Aguirre, hasta ahora, solo investigada
empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Las donaciones que aparecen en los papeles de Bárcenas han sido reconocidas por varios empresarios, pero para que exista delito el juez debe unir su carácter finalista: es decir, que estas tenían como objetivo el poder salir beneficiados con la concesión de la administración.
En el inicio del nuevo curso, el juez decidirá si abre o no la causa. Lo hará después de recibir un último informe del inspector de Policía Manuel Morocho –duramente criticado por el PP por “mala praxis”– en el que se analizaban 23 contratos bajo sospecha. Pues bien, 18 de ellos, según la UDEF, tuvieron sobrecostes entre el 20% y hasta el 94% del valor presupuestado. Todas las adjudicaciones se concedieron a la Constructora Hispánica durante el segundo gobierno de José María Aznar.
Los populares cerraron el curso con el mazazo judicial del procesamiento de Jorge Fernández Díaz como máximo responsable política del espionaje a Luis Bárcenas durante su etapa como ministro del Interior, y lo abrirán con el mismo asunto pero en sede parlamentaria.
Los trabajos de la comisión Kitchen proseguirán su curso y se esperan tres platos fuertes en el momento en el que se retomen los trabajos: la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy –que aunque no ha sido ni citado como testigo tendrá que responder públicamente a las preguntas de los portavoces–, la de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal –que si bien ha sido exculpada por el juez, fuentes socialistas apuntan a este diario que la harán asistir al Congreso “sí o sí”– y Jorge Fernández Díaz, el extitular de Interior durante la etapa oscura que se investiga.