El Gobierno alerta contra la división territorial para revisar la financiación
Montero rechaza “agravios” autonómicos y anuncia 7.000 millones extra en el 2022
El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años en funciones, para escándalo de propios y extraños y entre una gran trompetería de confrontación política e institucional. Pero, pese a que no provoca tantas vestiduras rasgadas en el escenario político, el actual sistema de financiación autonómica caducó hace ya siete años. Y es el que sostiene el Estado de bienestar, con la Sanidad y la Educación en lo alto del podio.
El modelo vigente se aprobó en el 2009, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y tras una dura batalla con la Generalitat entonces gobernada por el también socialista José Montilla, que igualmente enfrentó a las comunidades del PSOE. Pese a que el sistema se tenía que haber actualizado en el 2014, y al unánime reconocimiento de las disfunciones del modelo y la infrafinanciación de algunas comunidades, Mariano Rajoy priorizó el combate contra la crisis económica y después Pedro Sánchez antepuso la batalla contra la pandemia del coronavirus.
Con la superación de la pandemia y la perspectiva de recuperación económica, el Gobierno afronta de nuevo este compromiso, pero sin garantías de poder resolver el complejo puzle. Quien mejor definió su extrema dificultad, en el debate que ayer protagonizó en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo: “Este debate es un marrón de dimensiones descomunales”. En eso sí está todo el mundo de acuerdo.
La propia ministra advirtió por ello, como la víspera hizo la vicepresidenta Nadia Calviño, contra las alianzas territoriales enfrentadas para presionar al Gobierno. “Eso es lo sencillo y ya está muy rodado, pero lo difícil es tender puentes”, reclamó Montero.
La ministra dibujó hasta tres posiciones enfrentadas en el mapa autonómico. En un primer bloque, refirió, están Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-la Mancha y Aragón, que defienden dar más peso a la dispersión, el envejecimiento y la despoblación, así como al coste efectivo de los servicios y las necesidades reales de gasto. Un segundo bloque incluye a Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que exigen nivelar las diferencias del actual sistema, según el peso de la población ajustada, y demandan un fondo transitorio de nivelación hasta que se reforme el modelo. El tercer bloque lo forman Catalunya, Madrid y Baleares, que según Montero reclaman el principio de ordinalidad en el sistema, “el mal llamado, o que se llama de forma incorrecta, límite de la solidaridad”, a juicio de la ministra.
Montero advirtió que entre las comunidades del PP se defienden modelos “radicalmente distintos”, por ejemplo entre la madrileña Díaz Ayuso –“más alineada con la posición de los partidos catalanes”, señaló– y el gallego Feijóo, o entre estos y el andaluz Moreno Bonilla. Unas diferencias que admitió que también se producen entre los territorios del PSOE. En este caso, el valenciano Ximo Puig mantiene una posición discrepante a la de la mayoría de los presidentes autonómicos socialistas.
La ministra de Hacienda ve a Ayuso “más alineada con los partidos catalanes” que con Feijóo o Moreno
La complejidad de la reforma obliga al Ejecutivo a intentar avanzar por ahora con “consensos parciales”
Además de la confrontación territorial, el nuevo sistema habría de superar la pugna partidista, singularmente entre el PSOE y el PP, para aprobarse como ley orgánica. Y el debate parlamentario de ayer no dibujó un escenario, precisamente, de consenso. PP, Vox y Ciudadanos atizaron sin misericordia al Gobierno, que también fue duramente criticado por algunos de sus socios de legislatura.
Montero, en todo caso, rechazó los “agravios territoriales” que esgrimen unos y otros. Y aseguró que, pese a las diferencias “aparentemente insalvables” entre comunidades y partidos, “ya les digo yo que son salvables”. Paso a paso, recetó, y avanzando con “consensos parciales”, que es el que ahora busca para acordar en noviembre una nueva base de cálculo de la población ajustada.
Entre tanto, no obstante, la ministra ya anunció ayer una nueva transferencia extraordinaria de 7.000 millones de euros para las autonomías, que se incorporarán al proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022.c