El Tribunal de Cuentas, en un brete por los avales de la acción exterior
La instructora debe resolver ahora si acepta los 5,4 millones de euros del ICF
El Gobierno ha dejado la pelota al Tribunal de Cuentas (TCU) sobre si debe rechazar o no los 5,4 millones de euros presentados a través de un aval del Institut Català de Finances (ICF) para hacer frente a la fianza impuesta en la causa contable por la acción exterior para promocionar el procés en el extranjero. Una vez que la Abogacía del Estado ha evitado pronunciarse será la delegada instructora quien individualmente deberá decidir si admite esta cuantía.
La respuesta de los servicios jurídicos del Estado –que se oponen a fijar un criterio en contra de los avales– dificulta a la delegada la decisión de rechazarlos y proceder al embargo de cuentas y propiedades de los presuntos responsables contables, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont.
Fuentes de la causa consideran que la respuesta de la Abogacía allana el camino para que se tengan que aceptar los avales del ICF una vez que la delegada no los rechazó de manera automática en julio cuando se presentaron.
Sin embargo, fuentes del tribunal consideran que el decreto es un fraude de ley y que el aval es contrario a la propia naturaleza del proceso contable. La decisión la debe adoptar la delegada instructora, quien a priori vio con malos ojos que el ICF fuera el avalista en la causa. La clave está en si ésta, una funcionaria del tribunal, se encuentra en disposición de impedir que el ICF asuma el pago de la fianza cuando el decreto por el que se autorizó está en vigor y sin ninguna medida cautelar que lo haya frenado. Fuentes de las defensas sostienen que a su parecer cuestionar los avales supone poner en duda una norma que tiene base legal y que nadie ha dicho que no lo sea.
En el supuesto caso que la delegada decidiera finalmente tumbar los avales, las defensas de los exaltos cargos de la Generalitat implicados podrían recurrir la decisión ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Y una vez quede resuelto este paso, comenzará el segundo, que será el de formalizar las demandas e iniciar la fase de enjuiciamiento para determinar definitivamente si los afectados son realmente responsables contables por la acción exterior y porqué cantidad concreta. En la causa que hay abierta contra 34 presuntos responsables contables por el uso indebido de más de 5 millones de euros por la acción exterior, la delegada del asunto, Esperanza García, fijó una fianza que debían asumir los encausados. Con el respaldo de la Generalitat, estos lograron un mecanismo para no tener que aportar su patrimonio debido a la elevada cuantía. El Govern encontró la manera a través de la aprobación de un decreto ley que autorizaba al Institut Català de Finances (IFC) a avalarles.
Esta opción generó no pocas dudas de legalidad dentro del tribunal por un posible fraude de ley. “La víctima no puede avalar al victimario”, explican fuentes del órgano. La razón es que la perjudicada por la acción exterior son las arcas catalanas –y por tanto la Generalitat– y ahora se ha pretendido que un organismo público catalán avale a los encausados. Sin embargo, la delegada instructora prefirió, antes de pronunciarse, solicitar un informe a la Abogacía General del Estado para que le guiase sobre la legalidad del decreto.
La funcionaria ya tiene la respuesta. Los servicios jurídicos del Estado le recuerdan que no puede pedir tal informe porque estos no funcionan como asesores del propio tribunal sino que son parte del procedimiento. Sin embargo, lo que sí hace es advertirle que el decreto es legal, no ha sido recurrido ni declarado inconstitucional.
Fuentes del tribunal ven la maniobra de la Abogacía, que dirige Consuelo Castro, como una manera de apartarse en un “tema espinoso” como este. Castro ha aprovechado la sentencia del TCU por el uso indebido de fondos públicos en la consulta del 9-N, para dar un paso al lado. En esta resolución se dijo que estos no tenían legitimación porque los fondos eran de la Generalitat y no del Estado y, por tanto, no podían hacer una reclamación por unas cantidades que no le afectaban.
El decreto por el que se autorizó el aval está en vigor y sin ninguna medida cautelar que lo haya frenado