Contener la presión fiscal

Jaume Giró, conseller de Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, manifestó ayer en una entrevista radiofónica que la CUP debe ser el socio prioritario a la hora de aprobar los presupuestos catalanes preparados por el Govern de ERC y Junts, puesto que así se contribuiría a consolidar la “mayoría independentista”. Giró afirmó también que la presión fiscal no subirá en Catalunya, aunque, eso sí, se buscará la manera de alcanzar soluciones que generen “noticias buenas y justas para las rentas más bajas”.

Respecto a la primera manifestación, cabe decir que ese acuerdo con la CUP no está de momento garantizado (y también que desde el Govern se ha descartado un posible apoyo a sus cuentas de PSC y En Comú

Podem). El programa social del Govern no es, ciertamente, el mismo que el de la formación antisistema. De hecho, ya se han escuchado voces de dicha fuerza apuntando que las posiciones de unos y otros están alejadas, porque los presupuestos perfilados por el Govern no están concebidos para dotar el cambio de modelo de país que pretende la CUP.

Respecto a la segunda manifestación de Giró, podría subrayarse que no casa con lo recogido en un documento con membrete de su conselleria que, bajo el título “Propuestas de la Generalitat de Catalunya en el marco de la elaboración del libro blanco sobre la reforma tributaria”, se remitió el pasado julio al Gobierno central, y cuyo objetivo era, obviamente, contribuir a definir la mencionada reforma que prepara el Ejecutivo.

Entre las propuestas catalanas figura establecer un mínimo estatal para el impuesto sobre el patrimonio, una vieja y razonable aspiración de la Generalitat, que contribuiría a corregir desequilibrios lesivos para Catalunya. Pero junto a esta propuesta, que de implementarse permitiría una redistribución más equitativa de las cargas fiscales diluyendo la competencia desleal de la Comunidad de Madrid, figuraban otras dos que suponían su endurecimiento y el de la fiscalidad que ya soportan los accionistas de las empresas familiares.

Según dicho documento de la Generalitat, el impuesto sobre el patrimonio podría aumentar en España, y por tanto también en Catalunya, al eliminar el tope conjunto del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto sobre el patrimonio. A su vez, en el caso de las empresas familiares, y siempre según el mencionado documento, el Govern proponía que para obtener exenciones en los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones, la participación en tales empresas sea al menos del 15% del capital, y no del 5%, como ahora.

Es conveniente recordar que el documento de la Generalitat es uno más entre las decenas de aportaciones remitidas al Gobierno por instituciones, expertos, empresas y asociaciones de distintas partes de España. También que la parte de sus contenidos que podría llegar a plasmarse en la futura reforma tributaria es hoy por hoy incierta. E incluso cabría añadir que la viabilidad política de buena parte de tales propuestas es improbable, dada la naturaleza de la coalición, formada por el PSOE y Unidas Podemos, que gobierna España.

Aún así, pese a la necesidad de recabar recursos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la pandemia, y sea cual sea el recorrido que finalmente tengan esas propuestas de la Generalitat, es obligado expresar cierta sorpresa ante ellas. En materia tributaria, Catalunya soporta ya cargas superiores a las del grueso de las comunidades autónomas, y sugerir este tipo de incrementos en poco contribuiría a la necesaria contención de la presión fiscal.c

Catalunya soporta ya cargas superiores a otras autonomías, y no debe incrementarlas