Unidas Podemos pone de nuevo la ley de Vivienda en la agenda presupuestaria
Lo habían sugerido antes del verano y tras las palabras del miércoles de la vicepresidenta Nadia Calviño –que descartó vincular la regulación de la vivienda a la negociación del presupuesto– lo han hecho: Unidas Podemos, junto al resto de socios de legislatura, los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., los sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca impulsará a través de una tramitación parlamentaria directa una ley de Vivienda que regule los alquileres. El texto, que procede directamente de los colectivos afectados y que se llama “ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada”, se registrará la semana que viene, de modo que obligará a los socialistas a pronunciarse, al menos en primera instancia, antes de que se cierre el acuerdo presupuestario entre los socios del Gobierno de coalición. Y tal como están las cosas, mucho antes de que PSOE y Unidas Podemos tengan un acuerdo que someter a Consejo de Ministros.
Lo había anunciado por la mañana la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, desde Sevilla, reiterando que una nueva ley de Vivienda en los términos pactados en tres ocasiones con el PSOE –en el proyecto de presupuestos de 2019, en el acuerdo de Gobierno y en el pacto presupuestario de 2021– un tratamiento fiscal justo de los beneficios empresariales, a través del impuesto de sociedades, serían condición previa para firmar juntos un borrador de presupuestos. Belarra no hizo sangre y evitó el fatalismo. Se mostró convencida de que habría acuerdo, aunque insistió en que dadas las posiciones no parecía inminente. “En nuestro país se ha producido una contrarreforma fiscal que está haciendo que los que más tienen no contribuyen más a las arcas públicas, y se da una situación imposible en la cual una peluquería, un pequeño bar, paga proporcionalmente más impuestos
Los morados avalan una ley alternativa ante la negativa socialista a cumplir el acuerdo de regular el alquiler
que el Banco Santander o que una gran empresa”, explicó Belarra.
La líder de Unidas Podemos en el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo ratificaba poco después: la tributación de las grandes empresas y grandes fortunas es inaplazable. La vicepresidenta escribía en Twitter: “Es de sentido común que demos un paso adelante y fijemos un mínimo del 15% de impuesto de sociedades. Eso es salir juntas de esta crisis”. Lo hacía a su vez citando al presidente estadounidense Joe Biden, embarcado en una ambiciosa reforma fiscal, quien en la misma red social se mostraba ayer decidido: “Estoy harto y cansado de que las corporaciones gigantes y superricas no paguen la parte que les corresponde en impuestos. Es hora de que esto cambie”, escribía el inquilino de la Casa Blanca. El mismo tuit de Biden era citado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, principal responsable de las negociaciones con Hacienda para el proyecto de presupuestos.