Junts impulsa a solas una ley audiovisual que pactó fomentar desde el Govern
ERC cree que Jxcat “gesticula” y recuerda que se negocia proteger el catalán con la Moncloa
Dos días después de presentar el Ejecutivo catalán su Pla de Govern, Junts ya se ha descolgado en un punto, tira por la calle de en medio y toma la iniciativa. Ayer registró en el Parlament por vía urgente la modificación de la ley del Audiovisual catalana, del 2005, para proteger el catalán. El movimiento de Jxcat ha molestado en Esquerra, que recuerda que en la documentación de más de 140 páginas presentada el martes se recoge precisamente que será el Govern quien promoverá la actualización de la norma.
Junts ha querido adelantarse ante la posibilidad de que la ley audiovisual que presente la Moncloa no incluya cuotas para las cadenas de televisión y las plataformas de visión bajo demanda –HBO, Netflix, Amazon Prime...– para la emisión de obras en lenguas cooficiales, como el catalán.
Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de Jxcat, quitó hierro al hecho de que no sea el Govern quien presente la proposición de ley y argumentó que el trabajo ya estaba “adelantado” de forma conjunta con el Ejecutivo la última legislatura. Además, detalló que el miércoles los republicanos fueron informados y se justificó en “la urgencia de la semana”. “Esta iniciativa fortalece la negociación en el Congreso y ante la UE”, concluyó.
Pero fuentes de ERC en el Govern se manifiestan “sorprendidos” porque “el martes se presentó un Pla de Govern donde se dice que se impulsará una ley audiovisual”. Para los republicanos, Jxcat “trata de hacerse notar”. “El catalán necesita que se le defienda, no que se gesticule”, dicen. “Eso de nova de llaneros solitarios. Hace falta un frente lo más amplio posible ”, añaden. Así, la diputada en el Parlament de ERC, Raquel Sans, alega que primero hay que forzar que la ley que prepara la Moncloa prevea la protección del catalán, porque cualquier otro movimiento anterior puede ser tumbado por el Tribunal Constitucional. “El terreno de juego, ahora y para este tema, está en Madrid”, avisa. Junts, ante las críticas recibidas, responde que “renunciar a defender lo que aprueba el Parlament en favor del Congreso es claudicar”.
En el Pla de Govern se dice que el Ejecutivo catalán se compromete a “impulsar un plan de choque para reactivar el sector de los medios de comunicación audiovisual” que incluya la “transposición de la directiva europea, a través de la ley audiovisual catalana, de los servicios de comunicación audiovisual”, para garantizar, entre otros, “la presencia suficiente de las lenguas catalana y aranesa”.
Pero Jxcat tira por la calle de en medio y en el texto registrado en el Parlament propone que las plataformas dispongan en los catálogos “de un 30% de obras audiovisuales europeas” y que “al menos el 50% de la reserva sobre la oferta de estos servicios en la audiencia de Catalunya tendrá que ser de obras audiovisuales europeas en catalán o en aranés”.
En el otro lado, el borrador del Gobierno establece este 30% para obras europeas, pero abre la puerta a que el 50% de la cuota prevista en el margen anterior se reserve a “obras en la lengua oficial del Estado o a alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas”. Este “o en alguna de las lenguas oficiales” enfrenta a la Generalitat con la Moncloa, porque abre la puerta a que toda la difusión sea en castellano, si así lo considera la plataforma.
Pero el 11 de julio la Generalitat ya presentó alegaciones en este y otros puntos, y proponía concretar que sobre aquel 50% de productos en castellano o en las lenguas cooficiales se reserve mínimo otro 50% a “obras en lenguas diferentes del castellano”.
Con todo, el proyecto de Junts, como también las alegaciones de la Generalitat, prevé que las plataformas no solo hagan contribuciones a RTVE, sino también para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), y otorga al regulador catalán, el Consell de l’audiovisual de Catalunya (CAC), nuevas competencias a raíz de los cambios habidos desde el 2005. El anteproyecto de la Moncloa solo otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estas funciones de proteger niños y adolescentes, así como a minorías, ante contenidos perjudiciales, violentos o pornográficos, entre otros.c