Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz a trece meses de prisión
La defensa cerró un acuerdo con la Fiscalía militar, que la acusaba de financiar a terroristas
La causa abierta por Israel contra Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española acusada de recaudar fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), se resolvió bajo los parámetros acordados entre la Fiscalía militar y su defensa. Finalmente, cumplirá trece meses de prisión y deberá abonar una multa de 14.000 euros.
Ruiz lleva ya siete meses entre rejas, por lo que solo deberá cumplir otros seis meses de condena. Fue detenida el pasado abril en su vivienda familiar en la zona de Belén (Cisjordania), bajo acusación de “pertenecer a una organización ilegal”. Se la acusa de desviar fondos de la cooperación internacional –procedentes de estados europeos, como España– a las arcas del FPLP, que está incluido en la lista de la UE y EE.UU. de grupos terroristas. Bajo el acuerdo alcanzado, se rebajaron de cinco a dos los cargos que se le imputan: recibir dinero e introducirlo ilegalmente en los territorios palestinos; y prestar servicio a una organización ilegal.
Tras la audiencia de la semana pasada, el Ministerio de Exteriores de Israel comunicó que Ruiz, trabajadora de los Comités de Salud, “admitió que recaudó fondos que fueron utilizados en operaciones del FPLP”. El juicio a la cooperante española llegó semanas después de la catalogación de otras seis organizaciones humanitarias palestinas como grupos terroristas por parte de Israel. “El juicio expone los métodos usados por estos grupos civiles, y demuestra su rol como parte integral del aparato del FPLP”. La diplomacia israelí exigió cooperación a la comunidad internacional para “prevenir que fondos de ayuda acaben en manos terroristas”. Pero durante la vista de ayer, la jueza admitió –tras la exigencia de la defensa– que el caso de Ruiz no estaba vinculado a las seis oenegés declaradas terroristas y que la cooperante no tenía conocimiento de que parte de los fondos terminaban en el FPLP. Según el digital +972 Magazine, la justicia militar basó la inculpación a Ruiz incluyendo extensa información sobre los seis grupos de derechos humanos “para así fortalecer el caso de Israel contra ella”.
Tras el asesinato de una joven judía 17 años en Cisjordania en agosto del 2019, Israel arrestó e interrogó a varios miembros de la organización para la que trabajaba Ruiz. Las declaraciones sustraídas sirvieron como base para que los servicios secretos israelíes vincularan a las seis oenegés con la financiación del terrorismo. Tras elaborar un dossier que enviaron a cancillerías occidentales para justificar la decisión, una investigación periodística reveló que no se incluía ninguna evidencia real para justificar dicha designación. En la corte militar de Ofer (Cisjordania), donde el 99% de los palestinos juzgados terminan siendo inculpados, la defensa suele priorizar llegar a acuerdos con la fiscalía para evitar la prisión o reducir las penas. Así ocurrió finalmente en el caso de la cooperante española. A la salida del juicio, Maria, hija de Juana Ruiz, celebró que “es la fecha final de una pesadilla”. Pero no ocultó su indignación: “Difamaron la reputación de alguien y justificaron la criminalización de la defensa de derechos humanos”, clamó.
En una nota de prensa, Avigdor Felman, abogado de Ruiz, señaló que “quedó claro en la confesión de la defendida que la acusación no verificó los hechos que figuraban en el sumario” y culpó a la fiscalía de “presentar falsos hechos al mundo entero”. La cancillería israelí declaró que Ruiz “confirmó en su confesión que el FPLP usó a grupos humanitarios ilegalizados por el Ministerio de Defensa”. Pero para Felman, “su caso fue vergonzosamente explotado”, por lo que pone en duda el “estatus de la judicatura militar como cuerpo judicial independiente”.
Una investigación de prensa reveló la falta de pruebas y la acusación no verificó los hechos, señala el abogado
En el tribunal militar la defensa suele priorizar acuerdos de culpabilidad para evitar o reducir penas