Cuando la lengua no era arma política
La primera ley del catalán se aprobó en 1983 sin ningún voto en contra gracias al consenso forjado al margen de ideologías
Desde la sentencia, del año 2010, del Tribunal Constitucional contra el Estatut del 2006, la lengua catalana no solo ha quedado ostensiblemente desprotegida, sino que cada vez más se ha convertido en arma de confrontación política entre partidos y también entre gobiernos. El reciente fallo del
Tribunal Supremo que confirma la obligatoriedad, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de impartir un 25% de las clases en castellano en las escuelas de Catalunya es buena muestra de todo ello. Antes, sin embargo, y sobre todo en los albores de la recuperación de la democracia después del régimen franquista, la lengua no acostumbraba a ser motivo de disputa partidista. Muy al contrario.
“Aprobación unánime de la ley del catalán”, titulaba La Vanguardia en portada el 7 de abril del 1983 y en sus páginas interiores la reproducía íntegramente en lengua catalana. Era el reflejo del consenso que en aquellos momentos existía en torno a una cuestión delicada y fruto del que nació la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya, que tenía como objetivo prioritario recuperar la lengua catalana en los usos oficiales, en el sistema educativo y en los medios de comunicación públicos. Fue la que establecía el uso del catalán como lengua vehicular en las aulas y daba forma al modelo de inmersión lingüística, que empezó a aplicarse en diecinueve escuelas de Santa Coloma de Gramenet el curso 1983-1984.
En aquel primer Parlament surgido de las elecciones de 1980 tenían representación CIU, PSC, PSUC, ERC, CCUCD (Centristes de Catalunya), CDS (el Centro Democrático y Social creado por Adolfo Suárez el 1982 y al que se pasaron parte de los diputados de CC-UCD) y el PSA (Partido Socialista de Andalucía), y todos sin excepción apoyaron la ley. Hubo una única abstención, de un diputado centrista, y ningún voto en contra. Una práctica unanimidad que era la evidencia de la importancia que todos los partidos daban a la ley, al considerarla clave, independientemente de la ideología, tanto para la inmersión lingüística como para el proceso de integración de los castellanohablantes. En este contexto, el PSA no dudó en darla por válida, porque, además de “dar igualdad a los dos idiomas” –catalán y castellano– “se respetaba en todo momento los ideales que nosotros propo
Hasta el PSA validó el marco legal al no ser el catalán “un obstáculo para la libertad de los andaluces”
El PP votó en contra de la segunda ley, que entró en vigor en 1998, pero se comprometió a “atenderla y respetarla”
níamos”, que pasaban porque “el catalán no fuera un obstáculo para la libertad de los andaluces”, según reconoce quien fue uno de sus diputados, Francisco
Hidalgo, en la tesis doctoral El andalucismo político en Cataluña: la integración como reto o como amenaza, obra de Marta Villaseca Soler, publicada el 2019 por la Universidad de Córdoba.
Las únicas voces contrarias a la normalización del catalán no surgieron entonces del mundo político, sino del intelectual, plasmadas en el llamado Manifiesto de los 2.300, aparecido el 25 de enero de 1981, durante la redacción de la ley. Incluso AP primero y el PP después –que tuvieron representación en el Parlament a partir de 1984– no cuestionaron, a pesar de ser partidarios del bilingüismo, la norma en aras del consenso. Y así hasta que el 30 de diciembre de 1997 el mismo Parlament aprobó la Llei de Política Lingüística, que sustituía a la de 1983 y que entraría en vigor en enero de 1998. El día siguiente
La Vanguardia abría la portada a toda página con “La ley del catalán logra el sí de un 80% del Parlament”. Por el camino se había perdido el respaldo de un nada menospreciable 20%, pero después de casi quince años algunas cosas habían cambiado.
La reforma fue acordada básicamente entre CIU y PSC y a ella se sumaron IC y PI (Partit per la Independència), que se había escindido de ERC. Todos juntos formaban un 80%. Y un 20% restante lo integraban el PP y ERC, que votaron no, y un diputado del PCC, escindido de IC, que se abstuvo. PP y ERC compartieron posición, pero obviamente por razones diametralmente opuestas: para los primeros la nueva ley era innecesaria y para los segundos seguía manteniendo al catalán en situación de inferioridad respecto al castellano. Pero a pesar de su oposición, y de apostar sin reservas por un modelo de sociedad bilingüe, el PP se comprometió a respetar la norma. “Nuestro ordenamiento jurídico dispondrá de una nueva ley de política lingüística que, en la crítica y en la discrepancia, tenemos el deber de atender y la obligación de respetar”, manifestó quien entonces era su portavoz, Josep Curto.
Continuaba siendo la expresión de que, a pesar de todos los pesares, la lengua no era un arma de confrontación política. Nada que ver con el discurso de
Aleix Vidal-quadras, que en aquella época era diputado pero había quedado descabalgado de la dirección del PP en Catalunya a raíz del pacto del Majestic de 1996 con CIU. Y nada que ver con el discurso radicalmente contrario al catalán en el que Cs basó su razón de ser a partir del 2006, que rompió el consenso existente en la materia y acabó arrastrando al propio PP. Dos formaciones que ahora sí que utilizan la lengua en el campo de batalla partidista.c
La lengua se incorpora de lleno al campo de la batalla partidista a partir del 2006, a raíz de la aparición de Cs