La polémica bolsa de trabajo municipal llega a los juzgados
La asociación de juristas Llibertats ha denunciado el proceso por “amiguismo” e “incompatibilidades”
La ampliación de las bolsas de trabajo convocada el pasado mes de marzo en el Ayuntamiento de Barcelona sigue trayendo cola. La polémica surgió al trascender que al menos 17 cargos de confianza y personal eventual del Consistorio vinculados en distinto grado con los representantes de Bcomú en el gobierno municipal y a la formación política que lidera la alcaldesa Ada Colau aprobaron las primeras pruebas de esta selección. Ahora, Juristes Llibertats (una asociación de juristas que nació contra el proceso independentista) han presentado una demanda contencioso-administrativa por presuntas irregularidades, como la imparcialidad de los miembros de la comisión de selección y han pedido la suspensión de las asignaciones de plazas que afectan a los cargos de confianza.
Esta organización cuestiona en primer lugar la composición del comité de selección para ampliar las bolsas de trabajo. “El significativo número de miembros del Consistorio municipal presentados a la convocatoria podría vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública y perjudicar los derechos y oportunidades de otros aspirantes”, mantiene el abogado Manuel Miró, quien añade que “estamos frente a un caso de amiguismo donde cargos que deben su posición laboral a sus jefes les devuelven el favor dándoles acceso a un empleo público, lo que supone un perjuicio frente a otros ciudadanos sin conexiones políticas o que no militen en la órbita de Ada Colau”.
El recurso hace referencia a varias irregularidades como el incumplimiento de las normas de paridad en la designación y composición de la comisión de selección, la quiebra de la garantía de imparcialidad de sus miembros, o el incumplimiento del deber de abstención por infracción de los principios éticos. La asociación pide que se declaren nulas las resoluciones municipales del 7 y del 11 de marzo, en las que se aprobaron la designación de miembros de la comisión de selección y la lista definitiva de admitidos y excluidos. Habrá que ver ahora si se admite a trámite este nuevo recurso contra la administración de Colau. De momento, de las once causas que se han presentado contra la alcaldesa, diez han sido archivadas.
La demanda se suma a las numerosas críticas que ha suscitado este proceso de ampliación de las bolsas de trabajo municipales. A la convocatoria se aceptó la inscripción de unos 16.000 aspirantes, aunque solo se presentaron unos 8.000, que en su mayoría (más de 5.000) lograron aprobar. En primer lugar, lo que sorprendió e indignó a algún sindicato es que las pruebas se hicieran, a diferencia de las convocatorias anteriores, sin un temario establecido. La entonces presidenta del grupo municipal, Elsa Artadi, destacó este aspecto y advirtió que la formación presentaría esta convocatoria ante el Comité de Ética del propio Ayuntamiento. La formación confirmó ayer que también pedirá al Síndic de Greuges municipal que esclarezca si los cargos de confianza (17 de Barcelona en Comú y dos del PSC) han tenido más facilidades o no, que el resto de candidatos que se presentaron a la convocatoria.
Ante las críticas de la oposición, el concejal de Bcomú Eloi Badia, decidió dar un paso atrás. Él, junto con el comisionado de alcaldía de Diálogo Intercultural, Khalid Ghali, o el consejero de distrito Ancor Mesa, son tres de los altos cargos de Colau que habían superado la primera fase del proceso. La lista de admitidos con relación directa con el gobierno municipal alcanza casi la veintena.c
Junts per Catalunya llevará la convocatoria ante el Síndic y el Comité de Ética del Ayuntamiento