Cambray considera enviar instrucciones a los centros para “protegerlos”
cho muchas cosas en Madrid” en defensa del catalán.
Poco después la portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó la “irresponsabilidad” de su socio y desdeñó la “resignación” de Junts, que, a juicio de los republicanos, actúa por intereses de partido. “No hacer nada, no tener una respuesta o una alternativa, no es una opción”, recriminó Vilalta, y se empleó con dureza contra los socios de Govern al “constatar que imponen los intereses de partido a los de país, el tacticismo, y dejan la lengua a merced de los tribunales”, subrayó.
La tensión entre ERC y Junts era evidente ayer en el Parlament, pero ambas formaciones salvaban las preguntas sobre si la estabilidad del Govern se veía afectada por este choque. “Nosotros no desestabilizaremos”, zanjó Vilalta, porque “este es el mejor Govern para este momento”.
Al otro lado se situaron el PSC y los comunes, criticando a Junts y presionando a ERC para que se avenga a aprobar la reforma de la ley sin Junts. El PSC denunció la “falta de seriedad” y el “tacticismo” de la formación de Carles Puigdemont, pero ante el riesgo de que a ERC le tiemblen las piernas por la posición de Junts y la CUP, reclamó “altura de miras” y no dejarse arrastrar.
La portavoz socialista Alícia Romero no cerró la puerta a incorporar modificaciones a la reforma, pero insistió en la inefectividad de la receta de Junts si esta se reduce a aprobar un decreto ley sobre la LEC. “Los decretos ley no pueden regular derechos, por eso la mejor solución que encontramos era la reforma de la ley de Política Lingüística”, alegó.
Los comunes fueron más explícitos al pedir a ERC que valide la reforma sin Junts en un pleno extraordinario. Jéssica Albiach se refirió al anuncio de Jxcat como “la crónica de una deserción anunciada” y lamentó que la formación “ni tiene palabra, ni presenta alternativas”. Emplazó a ERC a no sucumbir: “Que Junts no tenga palabra no significa que no la tenga ERC”, y añadió que “es cuestión de poner el país por delante del partido”.
Antes de que Junts se bajara del carro, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-cambray, se mostraba dispuesto a hacer “lo que hiciera falta para proteger las direcciones de los centros” educativos ante la orden del TSJC. En declaraciones a TV3 priorizaba “evitar que los tribunales se dirijan a los centros educativos”, por lo que admitía como “muy probable” enviar una instrucción a los centros informando sobre cómo aplicar el auto del TSJC, aunque no entró en detalles.
El conseller prepara un recurso ante la orden judicial que, sin embargo, podría no paralizar el plazo de 15 días para su ejecución, pero apelaba a la “imprescindible” reforma de la ley de política lingüística “para salir adelante y afianzar el modelo de escuela catalana”.
El Govern ve necesario cambiar la ley de Política Lingüística en pro del modelo de escuela catalana
Socialistas y comunes esperan que ERC no dé marcha atrás e instan a aprobar la reforma sin Jxcat