El catalán, visto para sentencia
Hay pocas cosas más absurdas que dedicar esfuerzos para tratar de resolver un problema que no existe. Justamente esto es lo que ocurre con la imaginada persecución de la lengua castellana en Catalunya, que generalmente tiene su epicentro en la inmersión lingüística en las escuelas.
Desde hace siglos, la hostilidad contra la lengua catalana ha sido el caballo de Troya de quienes han defendido el anticatalanismo furibundo, incluyendo periodos en los que, como en el franquismo, habían perpetrado atrocidades tan incomprensibles como prohibir el uso de la lengua. Nuestros padres y nuestros abuelos, que quizás estén ahora leyendo este artículo, habían recibido castigos, incluso físicos, si por alguna razón no se habían reprimido y autocensurado lo suficiente y se les ocurría hablar en catalán en las aulas o en el patio. Quizás para negar esa realidad incómoda y blanquear el pasado, en el año 2001, el rey
Juan Carlos I pronunció aquella polémica frase de que
“a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano en Catalunya”.
Con la recuperación de las instituciones y la consensuada apuesta por la inmersión lingüística de los años ochenta, defendida por la casi totalidad del arco político, la lengua catalana pudo empezar a recuperar su presencia y normalización tras años de persecución. Pero en los años noventa empezó a larvarse y a tomar forma un discurso para convertir la lengua catalana en la gasolina con la que se alimenta el fuego del anticatalanismo. Las campañas de algunos grandes periódicos madrileños, agitando la bandera de una guerra de lenguas, que no existía ni en las calles ni en las aulas y que convertía en categoría cualquier anécdota, contribuyó de manera clara a fijar la idea de la persecución del castellano en Catalunya.
Con todo ese poso, la siguiente temporada de esta serie fue recoger los frutos políticos tras agitar el árbol de la catalanofobia, y fue en el 2003 cuando vimos nacer al partido Ciudadanos y su estrella ahora apagada, Albert Rivera, que en sus orígenes tenía como primer y último punto de su programa el ataque al catalán. Se sucedieron campañas de todo tipo, con grandes altavoces mediáticos, con el único fin de crispar a la sociedad. Y hay que reconocer que consiguieron algunos de sus objetivos y abrieron la vía para judicializar la lengua y tratar de conseguir en los tribunales lo que no habían conseguido ni en las urnas ni en los parlamentos. Y de esos polvos, estos lodos.
Sin que lo diga expresamente ninguna ley, esta semana los tribunales han ordenado que en todas las escuelas e institutos de Catalunya se imparta un mínimo del 25% de las asignaturas en lengua castellana. Esta medida prescinde de la realidad lingüística de cada centro y receta la misma medicina para todo el mundo, sin ningún criterio académico ni pedagógico, tratando de forma igual realidades muy distintas. Valga como ejemplo lo que decía hace escasas semanas la alcaldesa socialista de la segunda ciudad de Catalunya cuando defendía el modelo de inmersión y reconocía que “en l’hospitalet lo que hace falta es que se garantice el aprendizaje del catalán”.
Con los datos en la mano, queda claro que las sentencias sobre el catalán quieren solucionar un problema que no tenemos. Según constata un informe de expertos del Consell Superior d’avaluació del Sistema Educatiu, del pasado noviembre, los alumnos catalanes obtienen resultados muy similares en lengua catalana y en lengua castellana y terminan la educación secundaria obligatoria con un dominio efectivo y similar de ambas lenguas cooficiales.
Si nos fijamos en las notas de los exámenes de selectividad de catalán y de castellano, son similares, con resultados ligeramente mejores en lengua castellana. Y cuando la comparación se hace con los resultados de otras comunidades autónomas, en el 2020 los alumnos catalanes sacaron una nota media de 6,5 en lengua castellana, solo una décima menos que los alumnos madrileños (6,6), y obtuvieron mejores resultados que los alumnos de Extremadura y La Rioja (6,4), Baleares (6,1), Navarra (6,0) o la Galicia de Núñez Feijóo (5,9). Y en el 2019, la nota de castellano de los alumnos catalanes en la selectividad fue de 6,6, tres décimas más que la media española, que fue del 6,3.
Judicializar la lengua, prescindiendo de la realidad y de los consensos sociales y políticos que existen en Catalunya, es un pésimo favor a la convivencia, a menos que lo que se pretenda sea, en realidad, sentenciar el catalán como lengua.c
Es falso que los alumnos catalanes saquen peores notas de lengua castellana que los del resto de España