El independentismo denuncia que la justicia avaló un espionaje político
Los afectados ven “razones ideológicas” en los argumentos de inteligencia ante el juez
Es “una vergüenza”, una “investigación prospectiva” y por “motivos ideológicos” que confirma la “extrema gravedad del escándalo” que sacude estos días la actualidad política catalana y española. Es el análisis que extraen algunos de los protagonistas de la información que publica este sábado La Vanguardia, detallando la identidad de las 18 personas espiadas con autorización judicial que la exdirectora del CNI Paz Esteban reconoció la semana pasada en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.
En esa lista no están todos los que el independentismo denuncia que han sido espiados en algún momento, que según el informe del laboratorio de ciberseguridad Citizen Lab llegan a 65 personas, pero los afectados ven probado que el Estado llevó a cabo una “práctica prospectiva” e “ilegal” para “luchar contra un movimiento legítimo y democrático” como es el independentista. Así, resaltan el hecho de que fuera un juez del Tribunal Supremo quien diera autorización al CNI para espiar “por razones ideológicas”.
Los argumentos que da el CNI ante el tribunal para que le sea autorizado el seguimiento telefónico, como la necesidad de preservar el prestigio nacional, la capacidad de movilización de Tsunami Democràtic o los CDR, o los contactos con Puigdemont, apuntalan, al parecer de los independentistas, la denuncia de un “espionaje político”, tal y como señalaba ayer el expresidente Puigdemont: “En ninguna democracia se espían las negociaciones entre formaciones políticas, ni las estrategias de defensa jurídica, ni lo que se planifica para la campaña electoral o para los pactos posteriores”.
En conversación con La Vanguardia, algunos de los integrantes en la lista de Paz Esteban como los dirigentes del PDECAT David Bonvehí y Marc Solsona, se quejan, “indignados”, precisamente de los argumentos “políticos” que acepta el Supremo para autorizar los seguimientos: “Que un juez autorice que se espíe por un tema político es muy grave. ¿Qué peligro hay? Tendrán que motivar qué posibles delitos estábamos cometiendo más allá de visitar a Puigdemont, que es un político libre”, remarcan.
El aún secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, también figuran en esta lista y consideran el proceder del juez una “barbaridad” propia de una dictadura, “simplemente para obtener información sobre estrategias y negociaciones políticas”. Sànchez dice tener acreditados espionajes desde el 2015 y por eso exige al presidente del Gobierno la desclasificación de los documentos del CNI, saber quién autorizó y realizó el resto de seguimientos comprobados por Citizen Lab y garantizar que algo así no volverá a suceder.
La presidenta de la ANC Elisenda Paluzie ve confirmado que el Estado “usa armas de guerra para impedir la independencia de Catalunya”, y también asegura que ya sabía al menos desde junio del 2018 que estaba siendo espiada y que en el 2019 supo que le inocularon Pegasus en su teléfono. “Pero no podía hacer nada”, explica, hasta reunir pruebas de que la cosa iba más allá.
Todos coinciden en la necesidad de “ir hasta el final” en la denuncia judicial del caso. Un alud de querellas está ya en marcha en Catalunya, Madrid y en el extranjero (Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo), y aunque hay quien lamenta que no se va a la par en esta ofensiva, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pone el acento en el objetivo final: “Toda persona que ha participado en esto tiene una responsabilidad”, pero “hay que hacerlo con paciencia y con estrategia”, aconseja.
El independentismo también hilvana una respuesta política. Al inicio, los partidos se unieron para denunciar el caso, pero esa unidad ha empezado a cojear. “Ojalá esto sirva para reflotar la unidad independentista, pero no lo tengo claro”, admite Paluzie, algo que confirman en el PDECAT cuando denuncian que se ha instalado una “competición por hacer ver quién es más independentista” en función de si has sido espiado o no.
La voluntad de ir “hasta el final” en los tribunales es unánime pero admiten que la unidad cojea