Interrupción del embarazo fuera de la sanidad pública

En España hubo 88.269 interrupciones del embarazo (IVE) en el 2020, cifra inferior a los años previos, quizás por la covid, pero no varía mucho desde que bajó de 100.000 en el 2014. El 71,8% de las IVE son antes de la semana 8 de gestación; el 22,8% entre la 9 y la 14 y el 5,1% entre la 15 y la 22 (solo el 0,1%, después). La edad en que hay más IVE (21%) es entre los 25 y 29 años ; 8.664 fueron en chicas de 18 o menos años, según el Ministerio de Sanidad. Hay 207 centros acreditados para hacerlas. Igualdad plantea en su propuesta de ley que la mayoría se realicen en la sanidad pública, algo que parece irreal pues el 84,5% de IVE se practican en centros privados. Madrid (7 centros privados), Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia ni declararon el 2020 tener acreditados centros públicos. Y hay solo uno en Andalucía (y 15 privados), Castilla y León, Aragón, Cantabria y La Rioja. En Catalunya constan 61 centros públicos y 15 privados y en el resto de autonomías, la oferta es menor pero bastante igualada o favorable a la red pública. Cuando se miran las tasas de IVE por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la mayor se da en Catalunya, 13,4 abortos, pero en las otras autonomías más pobladas, Andalucía y Madrid, es de 10,8 y 10,9, algo superior a la media. Esto indica que muchos centros públicos catalanes deben realizar muy pocas IVE. Ya hubo protestas por la falta de acceso en algunas áreas al aborto quirúrgico, como mucho es mediante una pastilla (farmacológico), no posible en todos los plazos de gestación. La asociación de clínicas que realizan abortos, ACAI, ha señalado que entre muchos médicos de la red pública, su objeción “no es de naturaleza eminentemente moral o ética sino profesional”. Teme que si se impone la idea de Igualdad que la mayoría de abortos se lleven a cabo en la sanidad pública, serán farmacológicos.