El consenso sobre el catalán en la escuela sucumbe a la pugna independentista

Junts y ERC chocan por la salida: ignorar a los tribunales o respetar el pacto

El consenso por el catalán en las escuelas, tema troncal de la política y la sociedad catalana desde la implantación de la democracia, está en riesgo debido a la incesante pugna entre los partidos independentistas. Roto el bloque que un día les llevó de la mano durante el procés, ERC y Junts caminan ahora por orillas opuestas del mismo río, pero les resulta irresistible vigilarse de reojo y lanzarse alguna que otra pedrada.

Movido por su entorno más insurrecto, Junts se desmarcó sin ambages esta semana del acuerdo que firmó hace dos meses con ERC, PSC y En Comú Podem para reformar la ley de Política Lingüística (LPL), el paraguas normativo con el que se pretendía rescatar al catalán del atolladero judicial.

Los posconvergentes han hecho añicos un consenso de 106 diputados, el 80% del Parlament. Y los republicanos no se atreven, de momento, a aparecer en la foto solos con el PSC y los comunes, aunque sea una vía de solución a la sentencia que obliga a implantar el 25% de castellano en las aulas. Pero tampoco están por “desobedecer” las “inaceptables injerencias de los tribunales españoles”, como exige Junts. Los jueces exigen que se aplique ya un 25% de castellano. El pacto político ahora roto por Junts pretendía asegurar que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en la escuela garantizando la “presencia” del castellano (aunque sin porcentajes).

Nadie cede y se impone la táctica partidista. Y eso que el pacto surgió tras dos meses de intensas negociaciones en las que no fue fácil congeniar sensibilidades tan dispares. Quedó atado con el beneplácito de la dirección del partido de Carles Puigdemont, con Jordi Sànchez y la presidenta del Parlament Laura Borràs, como avaladores directos, aunque una fuente de Junts renegaba esta semana del consenso alegando que no pasó el filtro de la ejecutiva del partido y que algunos de sus valedores ni están ya en la dirección.

La misma fuente sitúa el nivel de la contienda con ERC: “Hay dos formas de acatar, una no hacer nada y aplicar la sentencia del 25% de castellano, y la segunda, reformar la Ley. También podemos desobedecer, pero solo desobedecemos los independentistas”, reprocha. “Lo que no haremos será reformar la ley para salvar a un conseller”, remata, en referencia al titular de Educació, Josep Gonzàlez-cambray (ERC).

Esquerra lamenta que sus socios vuelvan a fallar: “Lo hicieron con la mesa de negociación con el Gobierno; con los presupuestos, solo para fastidiar al president, a pesar de que las cuentas eran de Jaume Giró –de Junts–, y ahora con el catalán”. La sensación es que “en los grandes temas, desaparecen”. Los socialistas remachan: “Cada vez que pueden ERC y Junts se empujan al precipicio”.

En Junts aseguran que han tratado de llegar a acuerdos con las entidades educativas más reticentes para volver al consenso y que han trabajado enmiendas con los grupos políticos para pulir el redactado final de la norma. Republicanos y socialistas confirman en parte esta andadura. ERC explica que hubo margen para avanzar, hasta el pasado lunes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), conocedor del estado de las cosas, dictó la interlocutoria en la que urge al Govern a aplicar el 25% de castellano en las aulas. Y el PSC recibió “cambios quirúrgicos” que “eran asumibles”, reconocen, de manos de la conselleria de Cultura.

Pero Junts se cerró en banda tras la última orden del TSJC. Al día siguiente, Borràs y Jordi Turull rubricaban el acuerdo para una candidatura única ante el congreso del partido que se celebrará en junio y en él dejan en manos de la militancia el pacto de gobierno con ERC en la Generalitat y con el PSC en la Diputació de Barcelona. Tras una jornada maratoniana en el Parlament el miércoles, Junts amanece el jueves dando por muerta la vía del consenso para reformar la LPL. Alegan que la interlocutoria hace inútil el consenso, obviando que en realidad, el tribunal está alargando el plazo para reflotarlo.

¿Y ahora qué? ERC no descarta asumir el “coste político” de pactar con PSC y comunes, pero antes intentará que Junts rectifique o que quede en evidencia una escasa voluntad de acuerdo. O al menos que Junts permita la reforma de la LPL con su abstención.

Los republicanos admiten estar en un brete: “Si no sale adelante el acuerdo, Junts dirá que tenía razón, y si tira adelante, hablarán de tripartido de izquierdas”. Sospechas que los posconvergentes corroboran cuando no dudan en tildar el consenso de “reforma de izquierdas” y advierten de que, con ella, “quien gana es el PSC, que quiere acatar la sentencia”.

Los posconvergentes plantean que el Ejecutivo catalán apruebe un decreto, al margen del que prepara Cambray para desplegar el consenso rubricado, que ignoraría la orden del 25% de castellano. Pero los socialistas alertan de que esta también sería una vía muerta porque los decretos no pueden regular derechos fundamentales.

Reflotar el consenso parece la mejor salida, pero la pugna partidista se está imponiendo en un asunto extremadamente delicado como es la lengua en la escuela.n

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