El pacto por el catalán se reconduce tras abrirse Junts a negociar otra ley
Jxcat ve con buenos ojos la propuesta de ERC, y PSC y comunes están a la espera
El ultimátum que impulsaban el PSC y En Comú Podem para que Junts per Catalunya volviera antes del mediodía de ayer al consenso para intentar blindar la inmersión lingüística quedó en papel mojado. Las negociaciones seguían abiertas a última hora. La cuestión del catalán es capital para todas estas fuerzas, también para ERC, todos son conscientes de que no se puede prescindir de nadie y por eso el plazo de 24 horas que se anunció el martes no tuvo ningún efecto. Pese a dar la sensación que las conversaciones estaban en vía muerta desde hacía días, Junts ayer vio con buenos ojos la propuesta de los republicanos de elaborar una nueva ley ad hoc. Como mínimo para hablar de ella.
Así, se ha abierto una oportunidad para que haya acuerdo antes de que suene el timbre. Jxcat está dispuesto a transitar por esta vía. Tras semanas de discreción y ningún avance, ahora con la amenaza del calendario –el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fijó el 31 de mayo como límite para aplicar su sentencia que ordena impartir un 25% de las clases en castellano–, la posibilidad de hacer una nueva ley en vez de modificar la actual de Política Lingüística se abre camino, sobre todo después de una reunión el martes por la noche en el Palau de la Generalitat en la que se implicaron altas figuras del Govern, como Pere Aragonès y Jordi Puigneró.
Pero no hay nada cerrado. Los dos socios del Ejecutivo catalán negocian in extremis y socialistas y comunes esperan ver los resultados.
El Govern prepara también un decreto ley que rechaza los porcentajes de uso del castellano en la escuela
Igualmente, fuentes de las negociaciones apuntan que el contenido de esta nueva ley podría acabar siendo bastante parecido a lo que se pactó entre el PSC, Esquerra, Jxcat y los comunes el 24 de marzo. De aquel acuerdo para reformar la ley de Política Lingüística se desmarcó Junts al cabo de ocho horas.
Aparte del flanco parlamentario, el Govern ultima un decreto ley de urgencia para que quede claro que en el sistema educativo catalán no caben porcentajes –un punto que puede ser conflictivo a la hora de buscar el apoyo de los socialistas catalanes–, y que sea el Departament d’educació, con el conseller Josep Gonzàlez-cambray al frente, quien asuma la responsabilidad.
El articulado de este decreto ley especifica que no se admiten porcentajes, ni proporciones u otros parámetros numéricos en la enseñanza y uso de las dos lenguas. Además, el decreto ley también incorporaría que los proyectos lingüísticos sean validados por Educació, con lo cual la conselleria asumiría la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de cada centro, de modo que se protegería así los equipos directivos de las escuelas ante los tribunales.
El decreto llevaría además una disposición adicional que otorgaría a dicha conselleria la facultad de asesorar en los centros en la elaboración, aprobación y revisión de los proyectos lingüísticos.
Todos estos puntos superan, según fuentes del Govern, la propuesta de decreto ley que Jxcat había presentado al Ejecutivo de Pere Aragonès, ya que la iniciativa de los posconvergentes “se limita” a apostar por el “silencio administrativo” a fin de que sea el conseller de Educació quien asuma la responsabilidad de los proyectos lingüísticos.
La tercera pata es judicial. Para probar que no se aplique la sentencia del 25% la Generalitat presentó el martes un recurso ante el TSJC. Sin embargo, desde el propio Govern admiten que puede tener poco recorrido.
Las tres medidas son complementarias y se pondrían en marcha en paralelo.
Todo forma parte del intento de ERC de amarrar y hacer volver a Junts al consenso por el catalán. La formación de Puigdemont ha dicho en todo momento, como la CUP, que esa reforma de la ley de Política Lingüística no serviría para detener la aplicación de la sentencia. La vía de la nueva ley, en cambio, no les ha desagradado. Sea como fuere, esta iniciativa ha evitado la posibilidad, hoy por hoy, de que ERC, PSC y comunes tomen la directa de la reforma sin Jxcat.
El PSC cree que todo esto habría sido una maniobra para evitar que se agrave la crisis entre los socios del Govern. También los comunes lo ven así, pero el hecho es que las dos fuerzas parecen dispuestas a esperar si la dicha es buena.
Habrá que ver cuál es el resultado y la foto que quede al final de esta doble vía de impulso de ley parlamentaria y de decreto ley por parte del Govern. ERC quiere aprobar las dos; ahora se ha abierto la opción de que Junts también avale la vía parlamentaria. Y dependiendo de cómo quede la nueva ley –si sale adelante– el PSC y los comunes estarán atentos a que no modifique la esencia de lo que ya habían pactado en marzo.
El ultimátum de los socialistas y En Comú Podem se diluye y las conversaciones siguen abiertas