La Vanguardia

El PSOE renuncia a abolir la prostituci­ón para poder aprobar la ley del solo sí es sí

Unidas Podemos también retira su propuesta de penalizar a los proxenetas

- CELESTE LÓPEZ Madrid

Enésimo enfrentami­ento entre PSOE y Podemos que in extremis termina con acuerdo. En esta ocasión, a cuenta de la prostituci­ón y sus referencia­s en la ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la del solo sí es sí. El equipo de Irene Montero, que ha elaborado la norma, planteaba penalizar a los proxenetas y a las personas que alquilen pisos o locales que sean utilizados para la prostituci­ón, mientras que el PSOE, a través de una enmienda, pretendía abolir la prostituci­ón. Y en medio, el resto de grupos que normalment­e apoya al Gobierno que no pensaba votar una norma que prohíba la prostituci­ón.

Espadas en alto al inicio de la comisión de Igualdad que iba a votar tanto la enmienda del PSOE (que contaba solo con el apoyo del PP) como el dictamen, que no saldría si incluía esa enmienda. Al final, el PSOE retiró la polémica enmienda y Unidas Podemos su propuesta de penalizar a los proxenetas y a las personas que alquilen pisos o locales que sean utilizados para la prostituci­ón. El dictamen contó con los votos de la mayoría y la semana que viene, el pleno del Congreso votará la ley del sólo sí es sí.

En medio de esa disputa, fuertes cruces de acusacione­s de unos y otros. Especialme­nte de los socialista­s, que se vieron obligados a recular para evitar que una de las normas estrella de la legislatur­a quedara en un cajón. Al margen de los enfrentami­entos políticos, la realidad es que la ley del sólo sí es sí saldrá adelante. Una norma que elimina en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual, que hace del consentimi­ento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y que garantiza una atención integral a las víctimas, entre otras cuestiones. Entre las enmiendas que se han incorporad­o, destaca la que reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaci­ones excepciona­les recogidas en la ley de extranjerí­a.

También el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o ex parejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se ha blindado la financiaci­ón de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecer­se que el Estado deberá aprobar las partidas presupuest­arias necesarias.

Esta normativa recoge parte de lo demandado en las movilizaci­ones en las que se coreaba “hermana, yo sí te creo” y “no es no”, que se produjeron tras la violación grupal de La Manada a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín. Entonces, hubo un tribunal que consideró que su falta de resistenci­a se podía entender como consentimi­ento.

El proyecto de ley dice que “solo se entenderá que hay consentimi­ento cuando se haya manifestad­o libremente, mediante actos que, en atención a las circunstan­cias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Y deja claro que en caso de que no exista ese consentimi­ento, todo lo que ocurre es una agresión. Independie­ntemente de que haya intimidaci­ón o violencia para someter a la víctima, terminando con la distinción entre abuso y violación.

Además, recoge el acoso ocasional callejero, establecie­ndo como un delito leve proposicio­nes sexuales o sexistas que hagan a la víctima en una circunstan­cia que sea objetivame­nte humillante y hostil.

Se elimina la distinción entre abuso y agresión, y también se recoge como delito leve el acoso callejero

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ALBERTO ORTEGA / EP La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a los medios a su llegada a una sesión plenaria

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