Al servicio de la Corona
Juan Carlos I ha regresado a España. Pasados 655 días desde su salida del país, el 3 de agosto del 2020, el rey emérito aterrizó ayer en Vigo, desde donde se dirigió a Sanxenxo, para asistir a las regatas de clase 6mr, en las que años atrás compitió a la caña del Bribón. El regreso de Juan Carlos I, que ha cumplido ya los 84 años y sufre problemas de movilidad, no ha sido sencillo, a pesar de que será temporal –el lunes regresará a Abu Dabi tras almorzar en la Zarzuela con el Rey y su familia–, como se sabe desde que en marzo confirmó que el emirato era su lugar de residencia habitual. No ha sido sencillo porque el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez ha mostrado reiteradamente su desacuerdo con la posibilidad de que el rey emérito pernoctara en la Zarzuela, por considerar que, además de su antigua residencia, esta sigue siendo la sede de la jefatura del Estado. Y por considerar también que Juan Carlos I no ha dado explicaciones suficientes ni ha pedido excusas a los españoles por sus conductas irregulares. Otra cosa es que, hace dos meses, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones sobre su persona y, desde entonces, no hay causas judiciales pendientes que impidan su regreso a España y está exonerado de cualquier responsabilidad penal.
El deseo de Juan Carlos I de volver a su país, siquiera provisionalmente, es desde una óptica humana bien comprensible. Aquí ha desarrollado su vida, aquí ha protagonizado episodios memorables –también otros que mancharon su prestigio–, aquí reside su familia y aquí viven sus amigos. Aquí están sus raíces y aquí querría morir.
Pero no cabe ignorar que su presencia entre nosotros puede ser, en la actual coyuntura, una desdoro para la Corona y para su imagen. Las conductas más lamentables del rey emérito –sus presuntas irregularidades fiscales y económicas– fueron de su responsabilidad particular, pero inevitablemente proyectaron una sombra oscura sobre la institución que encarnó durante casi cuarenta años, entre 1975 y el 2014, periodo en el que ciñó la corona y desempeñó las funciones de jefe del Estado. Si a eso añadimos una opinión pública polarizada al respecto, y el uso que se hace desde determinadas posiciones políticas de su caso para desprestigiar la monarquía, es comprensible que tanto la Moncloa como la Zarzuela traten de manejar con la mayor de las prudencias la visita del rey emérito a España. Tanto es así que desde la presidencia del Gobierno se ha desaconsejado en varias ocasiones tal visita, alegando razones de inoportunidad, ahora atenuadas en alguna medida por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo antes mencionada, y temiendo el ruido mediático que con toda probabilidad esta visita va a traer aparejado.
Una persona como Juan Carlos I, que ostentó durante cuatro decenios la más alta representación del Estado, y que pese a su poder eminentemente simbólico estuvo investido de autoridad, quizás no acepte de buen grado las restricciones que ahora se le imponen. Pero precisamente por el profundo conocimiento que tiene de la institución sabe que debe someterse a los intereses de la Corona, representada ahora de modo irreprochable por su hijo, Felipe VI. El rey emérito es consciente, pues, de que su actividad, y de modo muy especial la que desarrolle en España, no puede tener otro norte que el respeto y el servicio a la Corona. Y que este criterio debe prevalecer sobre cualquier otro, empezando, por supuesto, por los deseos o las apetencias personales. Las cosas no pueden ser –ni parecer– como fueron para quien, con sus errores, las cambió de modo irreversible.
La visita del emérito debe priorizar en todo momento los intereses de la monarquía