El PSOE registra su propia proposición para endurecer las penas contra el proxenetismo
En plena discusión entre socios de Gobierno, el PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley de modificación del Código Penal con el fin de endurecer las penas por proxenetismo. El texto del grupo socialista incluye la imposición de penas a los clientes de la prostitución y en ningún caso sanciones a las mujeres que la ejerzan.
La iniciativa del PSOE se produce un día después de que los socialistas retirasen una enmienda a la ley de Garantías de la Libertad Sexual –conocida como la ley de solo sí es sí–.
La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, dijo desconocer ayer la postura de Unidas Podemos sobre su propuesta de abolir la prostitución, ya que la última vez que se votó esta cuestión, en este último grupo “algunas votaron a favor y otras en contra”.
En su proposición presentada ayer, el PSOE señaló que en España la prostitución se ejerce con “impunidad total”, ya que el artículo 187.2 del Código Penal “no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante explotación”. Esta condición, estiman los socialistas, “ha llevado a una total inaplicación de este precepto”. La propuesta es que ahora “se castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”.
La modificación del PSOE pasaría la prisión de tres a seis años y la multa de 18 a 24 meses a quienes, con el empleo de violencia, intimidación o mediante el abuso de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
El nuevo texto que propone el PSOE establece que el consentimiento de la persona que se prostituye no exime a quienes, con ánimo de lucro, promuevan o faciliten esta actividad. Las penas para esos promotores serían de uno a tres años, con multas de entre 12 y 24 meses.
La proposición fija imponer las penas en su tramo superior cuando el proxeneta actúe con violencia, intimidación, engaño o abuso, en el caso de funcionarios públicos, organizaciones criminales, o cuando se ponga en peligro la vida de la víctima.
Las sanciones se extenderían a los clientes de prostitución y en ningún caso a quienes la ejercen
Los clientes de la prostitución serían penados, por participar “directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”. La multa sería de 12 a 24 meses, y, si quien se prostituye es menor, prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses. Los dueños de clubs, locales y pisos en los que se ejerce la prostitución también serían sancionados.