PSC, ERC, Jxcat y comunes avanzan al ralentí en el consenso por el catalán
Los últimos borradores de las leyes incluyen peticiones expresas de Junts
El ejercicio de funambulismo en la negociación sobre el catalán para evitar que al desnudar un santo se vista a otro empieza a ser admirable. Reincorporar a Junts al consenso requiere de orfebrería en forma de doble vía: la del Govern, con un decreto ley de urgencia, y la del Parlament, con la que ERC anda con tiento para que, en el intento para que suban al carro los posconvergentes, no descabalguen el PSC y los comunes.
De momento hay equilibrio, con las exigencias de Junts troceadas en una y en otra iniciativa. Por ejemplo, que no caben porcentajes idiomáticos en la enseñanza, en el decreto; que la lengua de “uso normal” en las aulas de acogida de alumnos recién llegados, en la nueva ley que barruntan los partidos desde hace tres días.
Yendo por partes. La negociación por la ley parlamentaria transcurre por una montaña rusa. Si el jueves el PSC, Esquerra, Junts y los comunes encallaron en la nueva propuesta, ayer los partidos se mostraron algo más optimistas. Así, Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem en la Cámara catalana, afirmó ayer que estos partidos están “más cerca que ayer” de un acuerdo a cuatro “para blindar el catalán” después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fijara como fecha límite el 31 de mayo para que se imparta el 25 % de las clases en castellano.
Las formaciones intercambian documentación y todo está aún por ver, pero en el último borrador de la proposición de ley, al que ha tenido acceso La Vanguardia, se ha modificado el artículo primordial para reincorporar a Junts al pacto y dejar bien claro que el catalán es “la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado”.
Esta nueva norma llevaría por nombre “Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria”. Pero el rechazo negro sobre blanco a la aplicación de porcentajes, que formó parte de uno de los borradores para convencer a Junts, no está recogido en el texto tras la protesta del PSC, que manifestó que descartaría avalar esta ley.
Con todo, el texto del borrador de esta ley es bastante semejante a la propuesta de reforma de la ley de Política Lingüística, de la cual se descolgó Jxcat el 24 de marzo, tan solo ocho horas después de firmarla. La novedad más destacada radica en el artículo 2, sobre el uso vehicular y de aprendizaje:
“El catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 3”.
Que la lengua de uso normal en la acogida de recién llegados sea en catalán, tal como pedía Junts, se había diluido en la reforma de marzo.
En cambio, el rechazo a los porcentajes sí que estará contemplado en la segunda vía paralela: el decreto ley del Govern. De un rango menor que la normativa anterior –en caso de aprobarse– se destaca el rechazo explícito a las proporciones numéricas establecidas por el TSJC. Aquí sí se perdería al PSC para una posterior y perceptiva convalidación del decreto en el Parlament. El Ejecutivo catalán debería buscar el sí de los comunes o de la CUP en un máximo de 30 días para que no decayera el decreto.
En esta norma del Govern se hace hincapié también en la validación de los proyectos lingüísticos de cada uno de los centros por parte del Departament d’educació (asumiendo toda responsabilidad), y en el asesoramiento de esta conselleria en la elaboración de estos proyectos.
En el artículo 3 del decreto ley, sobre “proyectos lingüísticos” de las escuelas, estos “han de tener en cuenta las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado con el fin de alcanzar los objetivos de normalización lingüística”, y que estos proyectos se tienen que “revisar y modificar, si procede, en función del conocimiento oral y escrito y en el uso de las lenguas que en las diferentes etapas educativas el alumnado acredite”. “Esta revisión se hará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en periodos no superior a los dos años”, se añade.
La nueva ley recoge que la catalana será la lengua de “uso normal” en las aulas de recién llegados