Un asunto espinoso
La polémica suscitada alrededor de la actuación de los servicios de inteligencia, en concreto del CNI, ha generado un clima de extraordinaria crispación. Los afectados por las investigaciones de esa agencia del Estado consideran que se han lesionado sus derechos fundamentales y las estiman incompatibles con la conducta exigible a cualquier institución del Estado en un sistema democrático. Se está ante un tema espinoso y cuajado de intereses de todo tipo. Además, todo lo relacionado con el mundo del espionaje alienta de una forma extraordinaria la imaginación. Por ello es importante realizar algunas consideraciones desde la fría racionalidad.
Todas las democracias occidentales tienen organismos de inteligencia para defender la seguridad nacional frente a las amenazas externas e internas. Esta es una de las funciones básicas del Estado y uno de los cimientos de su legitimidad. En los regímenes autoritarios y en los totalitarios, esas entidades han sido y son empleadas para la represión y el control por los gobernantes de sus propios ciudadanos; en los democráticos, su misión es obtener y suministrar al Gobierno la información precisa para proteger el marco institucional que sostiene los derechos y libertades de los individuos. Esta es una diferencia básica y es preciso recordarlo.
En una democracia liberal, ningún poder ha de ser ilimitado. Este criterio se extiende a los servicios de inteligencia, cuyas operaciones han de tener una supervisión efectiva de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese mecanismo de pesos y contrapesos resulta esencial para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de quienes desempeñan aquella actividad y la protección de los ciudadanos frente a su potencial discrecionalidad y/o abusos (véase Vitkaustas D., The role of a security intelligence service in a democracy, OTAN, junio 1999).
¿Cómo funciona el CNI? Todos los años la comisión del Gobierno para Asuntos de Inteligencia aprueba la denominada Directiva de Inteligencia. Este documento, de carácter secreto, recoge los objetivos y las necesidades del Ejecutivo en ese campo. A continuación, el CNI realiza un proceso de planificación y organización de los medios disponibles –obtener la información y elaborar la inteligencia– para cumplir los fines que le son asignados. En otras palabras, todas las acciones estratégicas y tácticas del CNI se encuadran en el marco definido por el Gabinete.
El Congreso ejerce su función fiscalizadora a través de la comisión de Secretos Oficiales. Sus miembros tienen acceso a la información sobre el gasto gubernamental clasificado, a los secretos oficiales y controlan la actividad del CNI. Las discusiones en el seno de este órgano parlamentario son secretas y el método para ser elegido miembro de la comisión requería hasta hace muy poco una amplia mayoría parlamentaria como sucede en la mayoría de los países occidentales.
El CNI está también sometido a control judicial. Por ley orgánica se regulan las condiciones para desplegar operaciones que afecten a los derechos fundamentales de los artículos 18.2 y 18.3 de la Constitución española: la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
Ello exige autorización judicial (artículo 18 de la Constitución) reforzada por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuyos rasgos básicos son: la injerencia ha de estar prevista en la ley y ha de ser necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
El director del CNI debe solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente autorización para la adopción de iniciativas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro. Cualquier demanda de esa naturaleza ha de especificar los hechos en que se apoya; los fines que la motivan; las razones que la aconsejan; la identificación de la persona o personas afectadas, el lugar donde hayan de practicarse y su duración.
El magistrado responsable debe decidir mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de 72 horas la concesión o no de la autorización solicitada, que se reduce a 24 horas en casos de urgencia “debidamente justificados”. La ley prevé que “el magistrado dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto”. Ceteris paribus, esto significa que las acciones del CNI, motivo de escándalo, fueron respaldadas por la autoridad judicial y nadie ha desmentido ese hecho. El propio Gobierno así lo ha reconocido.
Respecto al culebrón del Pegasus, el Centro Criptográfico Nacional, dependiente del CNI, alertó hace un año al Ejecutivo de que el Programa NSO Group estaba aprovechando las vulnerabilidades del sistema Android e IOS para espiar móviles. El encargado de velar por la seguridad de esas comunicaciones en la Moncloa era el ministro de la Presidencia.
En consecuencia, el supuesto o real pinchazo de los teléfonos del señor Sánchez y otros altos dignatarios gubernamentales obedece a una evidente negligencia del aparato monclovita y Smiley probablemente seguiría su rastro en tierras situadas ligeramente al sur de las Españas. Y respecto al espionaje a dirigentes independentistas resulta poco creíble que, a la vista de como opera el CNI, el Gobierno no lo supiese.
El affaire CNI va a tener importantes consecuencias. Por un lado, existe un claro riesgo de autocensura por parte de los profesionales de la agencia CNI porque se ha erosionado o debilitado la protección a su actividad; por otro, la cooperación de los servicios de inteligencia de otros países con el de las Españas se resentirá ante la elevada posibilidad de que esa cooperación en materias delicadas sea filtrada. En un contexto de incertidumbre y complejidad geoestratégica global, esta es una pésima noticia y pasará factura; restaurar la confianza y la credibilidad en este ámbito no es fácil.c
El pinchazo de los teléfonos del Gobierno es una evidente negligencia del aparato monclovita
La cooperación de los servicios de inteligencia de otros países con el de las Españas se resentirá