Cuando la chapuza es ley y el juez, ‘salvador’
En plena crisis por la ley del ‘solo sí es sí’, PSOE, Unidas Podemos y ERC se apresuran a eliminar la sedición y gestionar una reforma de la malversación ligada a los procesos del 1-O que no rompa su relato de lucha contra la corrupción
Con la aprobación de la ley del solo sí es sí, Podemos proclamó sin pudor que “había ganado la batalla” a sus socios del PSOE. La negociación provocó la primera gran crisis de la coalición y Pablo Iglesias llegó a calificar de “machismo frustrado” lo que él consideraba “excusas técnicas” de Carmen Calvo y Juan Carlos Campo. Pero con la cola de violadores llamando a la puerta de los tribunales para ajustar condenas, se certifica que la técnica, al legislar, es más importante que la táctica y que los discursos y los aplausos en el Congreso. Unidas Podemos paseó por España “la reforma laboral de Yolanda”, pero ahora pretenden esconder tras las togas rancias –ahora “machistas”– una bochornosa grieta legal que se pudo evitar.
El ruido sitúa la crisis en el seno de Unidas Podemos: Yolanda Díaz se blinda y se cuestiona a Irene Montero. Y ayuda al PSOE a digerir otra reforma legal, la del delito de sedición, a la que Pedro Sánchez ha encomendado su permanencia en el poder. La pancarta feminista, cuando lo que hay son víctimas agraviadas por la nueva ley, se cede sin reparos. Mientras sus ministros buscaban una salida, Pedro Sánchez triunfaba en el Sudeste Asiático.
Con la sedición, el presidente del Gobierno controló el calendario, el relato y los altavoces. Puso como condición a ERC y Unidas Podemos que no hubiera una sola filtración, tomó la bandera de la “concordia” y cambió las quejas de Javier Lambán y Emiliano García Page por la hierática sonrisa de Xi Jinping y la gorra de Joe Biden. El álbum del presidente silencia la pataleta casera y la reforma del Código Penal pasará su primer trámite el jueves en el Congreso.
El ruido es político, pero será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, quién dirimirá los dos frentes que ocupan el debate público. Se institucionaliza que la chapuza es la norma y el juez, el salvador. Con una mano, deciden cómo gestionar la revisión de las penas con la ley del solo sí es sí y con la otra recalculan las condenas del procés.
Mariano Rajoy subcontrató a la justicia la resolución del conflicto catalán y la Abogacía del Estado, con Sánchez en la presidencia, hizo posible la condena por sedición –la Fiscalía y Vox acusaban de rebelión y fue rechazada por el tribunal–. Ahora, Sánchez ve el terreno abonado para modificar el delito alegando que no cumple con los estándares internacionales y se convierte en pacificador a cambio de estabilidad hasta las elecciones.
En el hemiciclo, el sanchismo defenderá que eliminar la sedición no maniata al Estado, que mantiene herramientas poderosas como la intervención de las autonomías en el artículo 155 de la Constitución y un delito de desórdenes públicos agravados que vuelve a interpelar a la interpretación judicial. Unidas Podemos intentará atribuirse la paternidad del invento y ERC exhibirá como medallas los resultados de su apuesta por el diálogo y el fin de la confrontación institucional. Ahí se situarán también millones extra en los presupuestos generales del Estado a cambio de los 13 votos de ERC.
Otra cosa será la reforma de la malversación. Los republicanos transmiten que existe el compromiso socialista de atender su petición para aligerar aún más las investigaciones judiciales contra los altos cargos del 2017, pero el PSOE y Podemos –no tanto los comunes– son especialmente sensibles cuando lo que se grita es “corrupción” y no para atacar al PP. Unidas Podemos se planteó presentar una enmienda de reforma del delito, pero ERC quiso sumar puntos extra arrogándose la iniciativa. Ahora se receta cautela. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE. La malversación definida en el 2015 es un cajón de sastre que se aplica a actuaciones de administración desleal que no tienen nada que ver con la corrupción del imaginario colectivo. Pero el relato de la ejemplaridad pública y el castigo penal se impuso a los mecanismos existentes en el Tribunal de Cuentas, el Código Civil o la legislación mercantil.
La reforma de la malversación es un Guadiana entre los operadores jurídicos, y el dilema está en cambiar el redactado para volver al 2015 o rebajar las penas a quienes no se han lucrado personalmente. ¿Se puede perimetrar el alcance de esa reforma bajo la sombra de la corrupción? Solo bajo la premisa de que el mejor Código Penal no es el que más castiga, sino el que deja menor margen a la discrecionalidad.