El fiscal pide 37 años para un monitor por abusos a alumnos con discapacidad
El fiscal pide en sus conclusiones provisionales un total de 37 años de cárcel para J.M.C, de 51 años (cumplirá 52 en diciembre), un monitor de una escuela de educación especial de Barcelona. Está acusado de siete delitos sexuales, aunque “posiblemente fueron más y las víctimas no puedan precisarlo”.
Se trata de chicas y chicos, algunos menores de edad, todos con una discapacidad intelectual de hasta el 75%. La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona aún no tiene fecha para la vista oral, que podría durar dos o tres días y posiblemente no se celebre hasta el 2024. Además de la pena de prisión, el fiscal pide diez años de libertad vigilada y 57.000 euros de indemnización para las víctimas. La escuela y su aseguradora han sido declarados responsables civiles subsidiarios.
Los primeros delitos son del 2015. El acusado está en libertad y niega los hechos. Lo detuvieron en el 2017. Ya han pasado siete años desde las agresiones iniciales (masturbaciones, felaciones y una penetración anal). Y cinco desde la detención. En todo este tiempo ha habido un cambio legal, la ley del solo sí es sí, que obligará a actualizar las calificaciones. J.M.C., casado y con tres hijos, debe comparecer periódicamente ante el juzgado y tiene un nuevo trabajo, no relacionado con menores ni personas con discapacidad.
El investigado se aprovechó de su “preeminente ascendencia sobre las víctimas”, alumnos de la escuela de educación especial Taiga, en la avenida Vallcias,
La Sección Novena de Barcelona, que debe juzgar los hechos, no tiene todavía ni fecha para la vista oral
vidrera de Barcelona. J.M.C. (así aparece en la copia del escrito en poder de este diario) era un monitor con “funciones docentes y, especialmente, extraescolares”. Dirigía el club deportivo del centro y participaba en las excursiones y colonias.
Las agresiones se cometieron presuntamente en esas actividades fuera de la escuela, durante talleres de baloncesto en masías y residencias de Canyelles o el parque natural de Collserola. J.M.C., dice la Fiscalía, satisfizo sus “apetencias lúbricas” con aquellos a quienes debía proteger, personas “en situación de indefensión” y sin “suficiente discernimiento”.
Aunque las acusaciones particulares harán valer las declaraciones que ya realizaron sus patrocinados ante psicoterapeutas y bajo control judicial, el tiempo juega en su contra. ¿Qué pasará si les ordenan declarar de nuevo ante el tribunal, a pesar de sus condiciones? ¿recordarán los hechos? Los especialistas aseguran que son incapaces de mentir. La tardanza de la justicia no es lo único que indigna a las familias: el acusado solo tiene orden de alejamiento con respecto a tres de los jóvenes.●