El Gobierno anuncia expedientes por enaltecimiento de la dictadura el 20-N
El Ministerio de la Presidencia recaba vídeos y pruebas para imponer sanciones
El pasado domingo fue el primer 20 de noviembre –aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco– desde la entrada en vigor, el 19 de octubre último, de la nueva ley de Memoria Democrática. También de su régimen sancionador para las infracciones a la norma.
Así que el Gobierno pondrá ahora la lupa sobre las diversas concentraciones y manifestaciones que se celebraron con motivo del 20-N, como la que tuvo lugar en la plaza de Oriente en Madrid, para imponer las correspondientes sanciones administrativas a las personas y organizaciones que se acredite que vulneraron la ley.
Desde el Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, advirtieron ayer así que “ante las imágenes que se han podido ver de manifestaciones, con gritos, gestos y cánticos que enaltecen el golpe militar, la dictadura y a sus protagonistas, el Gobierno abrirá expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron estos actos”.
En el Ejecutivo, anunciaron así que “en el marco de los expedientes sancionadores, se ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y a los responsables de esas conductas contrarias a la ley de Memoria Democrática”.
La norma, en su artículo 62, establece como infracción muy grave “las convocatorias de actos que (...) inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.
Y, para este tipo de infracciones muy graves, la ley impone multas que oscilan entre los 10.001 y los 150.000 euros.
En este sentido, desde el Ministerio de la Presidencia resaltaron que la sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de Estado de 1936, la dictadura o sus protagonistas, es de 150.000 euros. “Sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir”, advirtieron.
La ley de Memoria Democrática también califica de infracción muy grave “la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar o la dictadura”.
Ahora bien, como ayer señaló la ministra de Educación, Pilar Alegría –que el año pasado era delegada del Ejecutivo en Aragón–, el derecho de reunión y manifestación está blindado por el artículo 21 de la Constitución, por lo que las delegaciones del Gobierno son informadas solo a efectos de disponer el despliegue de seguridad correspondiente. “El permiso te lo concede la propia Constitución”, alegó. No obstante, las presuntas vulneraciones de la ley de Memoria Democrática permitirán ahora al Ejecutivo “tomar cartas en el asunto”.
El Gobierno argumentó, ante las concentraciones del 20-N, que “la España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales”.
La Constitución blinda el derecho de reunión, pero la ley de Memoria contempla multas de hasta 150.000 euros