El bloqueo del Poder Judicial aboca a un Constitucional caducado sine die
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a alargar un mes más la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, tal y como marca la Carta Magna. Ante la falta de acuerdo entre los bloques conservador y progresista, los vocales se han emplazado para el próximo pleno, que se celebra el 22 de diciembre, para intentar poner encima de la mesa dos nombres avalados por la mayoría. Al finalizar el pleno de ayer jueves, los vocales mostraron su plena disposición a intentar cerrar el próximo pleno ordinario los nombramientos de los dos magistrados del TC. Para ello, acordaron incluir en el orden del día de la reunión señalada para esa fecha un punto relativo a este asunto.
La semana que viene, la comisión negociadora volverá a reunirse para intentar lograr un acuerdo. La situación actual es que el bloque progresista ya tiene un candidato, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, mientras que los conservadores todavía no tienen ninguno claro.
Además de no tener un candidato elegido han propuesto a los progresistas que se pueda debatir entre varios conservadores y que no sea la elección por imposición de uno de ellos, alternativa desechada. Por eso, a lo único que se comprometen los conservadores para dentro de un mes es a ofrecer una terna para que se pueda someter a votación. Pero eso no significa que vayan a votar por Bandrés que no es visto con buenos ojos por el otro sector.
Este bloqueo dentro del órgano de los jueces aboca al Tribunal Constitucional a mantenerse en funciones sine die, lo que inevitablemente le está empujando a una disfunción en su labor. El hecho de que en estos momentos estén cuatro magistrados en funciones –entre ellos el presidente, Pedro González-trevijano–, además de la falta de un quinto tras la dimisión por motivos de salud de uno de ellos, empuja al órgano constitucional a dejar a un lado la revisión de los asuntos más complejos y con más repercusión pública.
El CGPJ tenía de plazo hasta el 13 de septiembre para proceder a los nombramientos después de una reforma de la ley aprobada en julio que fijó un tiempo para que se llevara a cabo. Desde entonces, el Gobierno ha advertido en varias ocasiones que si el órgano de los jueces no nombra a sus dos magistrados, el Ejecutivo nombrará a los dos suyos sin esperar.
Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez no se lanza a dar el paso porque hay dudas de su inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna habla de una renovación del TC por tercios, lo que supone que se debe hacer de cuatro en cuatro. Existe la opción de que el Gobierno nombre a los suyos en diciembre, sin esperar al próximo pleno.c