Persistir en el error
Subcontratar las cosas de la política a la justicia es un mal negocio. Ya lo dijo hace casi dos siglos el jurista italiano Francesco Carrara, con su célebre frase, que cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia huye asustada por la ventana. La pésima decisión del gobierno de Mariano Rajoy de trasladar a los tribunales la gestión del conflicto político entre Catalunya y el Estado, que tuvo su máxima intensidad en el 2017, ha conducido a dos conclusiones principales. En primer lugar, que a través de la justicia no se ha resuelto ningún conflicto, sino todo lo contrario, porque el embrollo judicial no ha servido para otra cosa que no sea enquistarlo más. Y, en segundo lugar, que las sentencias de los tribunales han demostrado una enorme debilidad de esa estrategia, puesto que han tenido que retorcer el derecho para convertir en delito cosas que no lo son.
El último ejemplo es la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hecha pública antes de ayer, que ha absuelto al presidente del Parlament Roger Torrent y al resto de los miembros independentistas de la Mesa del delito de desobediencia por haber tramitado dos resoluciones que tenían por objeto la defensa del derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía española. Como no podría ser de otra manera, citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la sentencia ha considerado que esas iniciativas parlamentarias deben enmarcarse en el derecho fundamental a la libertad de expresión, que tiene que ser especialmente protegido cuando el debate se produce en una Cámara parlamentaria.
Paradójicamente, no han tenido la misma respuesta de los tribunales los miembros de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell por haber tramitado en su día otras iniciativas parlamentarias. En defensa propia, han dicho y repetido que su obligación como órgano encargado del funcionamiento del Parlament era la de asegurar que se tramitaran todas las iniciativas planteadas por los grupos políticos con representación en la Cámara, sin que la Mesa pudiera arrogarse la capacidad de censurar lo que los representantes de la soberanía tienen que debatir en el pleno. A la presidenta Forcadell, el Tribunal Supremo la condenó en el 2019, nada más y nada menos, a once años y medio de cárcel por un delito de sedición y al mismo tiempo de inhabilitación. En cambio, sus colegas en la Mesa, que tomaron exactamente las mismas decisiones que ella, fueron juzgados y condenados inicialmente por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a veinte meses de inhabilitación, si bien la semana pasada el Tribunal Supremo anuló esa sentencia y obligó a repetir el juicio tras constatar la falta de imparcialidad de dos de los tres magistrados que dictaron la sentencia. Una polifonía jurídica incomprensible.
Sin embargo, con la absolución de la Mesa del Parlament no quedan resueltas todas las cuestiones. El debate de fondo, que ya está planteado en el TEDH y pendiente de sentencia, es sobre la inviolabilidad parlamentaria, que en España está puesta en duda por algunas sentencias del Tribunal Constitucional. La sentencia que absuelve a la Mesa presidida por Torrent reconoce la pertinencia de este debate, pero condiciona su respuesta a lo que pueda decir el Tribunal de Estrasburgo sobre la materia. En la lógica de un Estado democrático, fundamentado en la separación de poderes, resulta como mínimo sorprendente que los tribunales puedan decidir sobre aquello de lo que se puede hablar en un Parlamento. Desde este punto de vista, lo relevante no era, pues, la absolución de los miembros de la Mesa, sino la incorrecta admisión de una querella que, atacando la inviolabilidad parlamentaria, permite a los jueces decidir de qué se puede debatir y de qué no en un Parlamento. Una vez más, la justicia europea tendrá la última palabra.
Está por ver si las decisiones tomadas por Pedro Sánchez, como la derogación del delito de sedición pactada con ERC, responden al convencimiento de que hay que devolver las cosas de la política al ámbito político y dejar en paz a los tribunales, o bien responden a la mera voluntad de supervivencia. Lo veremos; aún queda mucho camino por recorrer. Seguro que ningún juez ni ningún tribunal resolverá un tema que es político. Judicializar la política daña la justicia y daña la política. Entonces, ¿por qué persistir en ese error?c
Ninguna sentencia ni ningún tribunal resolverá los problemas que pertenecen a la política