La Vanguardia

“Los cazadores somos funcionari­os públicos con obligacion­es y sin derechos”

- J. Fita Barcelona

El colectivo de cazadores asevera que son los primeros en querer mejorar la seguridad en las batidas. En este sentido, el presidente de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, explica que hace seis años impulsaron el desarrollo de una app para notificar las batidas que el área TIC de la Generalita­t “nunca ha validado”, aunque se han reunido “hasta en cinco ocasiones” con ellos durante todo este tiempo.

Denuncia que la Administra­ción “no solo no hace ninguna política activa para generar adeptos a la caza, sino que tampoco explica a la gente que esta práctica es ahora mismo una función pública”. Y todo ello en un contexto -denuncia- en que se les apremia a cazar “más y más”. “La Generalita­t, en Girona, ya nos está diciendo que no estamos haciendo nuestro trabajo. Hoy los cazadores somos funcionari­os públicos con obligacion­es y sin derechos. Y encima, mal vistos”, lamenta.

Sostiene que, a diferencia de lo que piensan algunas personas,

“la montaña no es de todos”. Arguye que ellos son “el único colectivo” que está autorizado, bien porque son propietari­os, bien porque tienen la autorizaci­ón del propietari­o, a cazar, y que pagan por hacerlo. “No se respetan las señales en la montaña, y al final tendremos que ponerle vallas”, ironiza.

Manifiesta que “no pasa nada si la Administra­ción decide que no se cace más en Catalunya”, que es responsabi­lidad de la Generalita­t gestionar la cuestión de la densidad de jabalíes de otra manera, si así lo desea. Pero advierte que las otras fórmulas no son tan baratas. “Si lo quieren hacer a través de los cazadores, no les cuesta nada. Pero si lo quieren hacer a través de una empresa que coloca jaulas, por ejemplo, eso tiene un coste”. En este sentido, asegura “que el Ayuntamien­to de Sant Cugat pagó el año pasado 300.000 euros por cazar 300 jabalíes a una de estas empresas”. En Consellora –prosigue–, “cuando usan una jaula para capturar jabalíes, el Ayuntamien­to paga 6.000 euros. ¿Lo queremos gestionar así? Adelante, ningún problema”, concluye.c

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