Bruselas relativiza el nombramiento de Campo y urge a renovar el CGPJ
Reynders dice que España no es el único país en que un exministro está en el TC
La designación por parte del Gobierno del ex ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo junto a de la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no merece, al menos por ahora, un toque de alerta de la Comisión Europea, que, sin embargo, insiste una vez más en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desbloquear el resto de nombramientos. El comisario de Justicia, Didier Reynders, preguntado por Europa Press sobre el impacto del nombramiento de Campo en la independencia de la judicatura en España y sobre si Bruselas sopesa tomar medidas, señaló que este no es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran ex ministros como magistrados de tribunales constitucionales pero que esperará a tener los detalles del nombramiento.
“No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento”, respondió el titular comunitario de Justicia. “pero, lo repito, lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional”, remachó.
Estas palabras de Reynders, que abundan en el mensaje que dejó en su visita a España en septiembre y que abrió la puerta –junto a la dimisión posterior de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ– a las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, suponen un espaldarazo de la Comisión Europea a las tesis del Ejecutivo de Pedro Sánchez, toda vez que relativizan las críticas de la oposición a los nombramientos de Campo y Díez por haber formado parte recientemente del Ejecutivo y ponen el énfasis en la renovación urgente del Poder Judicial, bloqueada por el PP desde hace prácticamente cuatro años –el próximo domingo se cumple este periodo desde que el mandato del órgano se extinguió–.
El último y enésimo intento de resolver la renovación del Poder Judicial y del TC fracasó cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rompió a finales de octubre las negociaciones por la intención del Gobierno de modificar el delito de sedición, que finalmente se derogará y se sustituirá por el delito de desórdenes públicos agravados.
Pese a la primera reacción del Ejecutivo comunitario, el presidente del PP anunció ayer que su formación informará a las autoridades europeas del intento de “control” del Gobierno de Sánchez al TC porque le “preocupa” la “deriva” que se está produciendo y que, a su juicio, está “poniendo en riesgo las bases constitucionales” en España. El líder de la oposición indicó que los pasos del Ejecutivo constatan que el “único” objetivo de Sánchez es “controlar las instituciones del Estado”, citando además la actuación en la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De hecho, aludió a esa ruptura de las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces y sentenció que ahora la “mayoría de los españoles está descubriendo por qué no fue posible hacer un acuerdo”. “No fue posible porque el Gobierno nunca renunció a politizar la justicia, al contrario, ha incidido en el control férreo de las instituciones del Estado”, concluyó.c
Feijóo llevará a Europa el intento de “control” de Pedro Sánchez en el Constitucional