La nueva ley de Universidades encara su recta final en el Senado
La nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobará, si no hay sorpresas “mayúsculas” de última hora, a finales de la próxima semana y entrará en vigor 20 días después. Dejará atrás una legislación que lleva más de veinte años vigente.
El ministro Joan Subirats y el conseller Joaquim Nadal explicaron ayer la ley, que aún recibirá modificaciones en el Senado, desde sus propias perspectivas. Lo hicieron en el foro Barcelona Tribuna que organiza la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, la Asociación Española de Directivos y La Vanguardia, flanqueados por Miquel Roca y por el director adjunto del diario Enric Sierra. Y frente a un exigente público de la comunidad universitaria.
Así, Subirats admitió que la LOSU es una ley moderna que atiende a la complejidad del momento y a la realidad del país. “Es una norma complicada porque debe aceptar al mismo tiempo la situación europea, reconocer un Estado descentralizado y respetar la autonomía universitaria”, resumió el titular, que recogió el proyecto de ley hace dos años ya diseñado por su antecesor, Manel Castells. Destacó aspectos estimulantes: las alianzas europeas, el impulso a la internacionalización, la apertura a formaciones cortas para trabajadores, el vuelco de la docencia con metodologías más innovadoras, la investigación, los doctores industriales y la ciencia ciudadana. Y todo ello en una Europa que quiere ser, a través de los campus, “el faro de los valores europeos en el mundo” y en una realidad española que reconoce las singularidades de sus sistemas universitarios, como el
vasco o el catalán.
Para el conseller Nadal, esta ley es un punto de partida, pero no de llegada. Aquí empieza todo, vino a decir, porque la reforma carece de ambición y definición. “Hemos creado tal variedad de tipologías de profesorado, becas, estímulos a la investigación... necesitaríamos un punto de racionaliza
ción”, dijo. Y aseguró que “con la LOSU en la mano, la ley de Universidades de Catalunya (LUC) deberá reformarse para hacer, en algunos aspectos, inútil la LOSU”, ironizó con amabilidad. Esta iniciativa alarmó al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, por el trabajo que se amontona: “la ley de la Ciencia, la llei de la Ciència, la LOSU, con la reforma de los estatutos, ¿y ahora la LUC?” “Tranquilo, Joan” le calmó el conseller, “yo no lo veré desde esta posición”.
Mañana, miércoles, la LOSU pasa por el Senado, y se someterá a las últimas enmiendas que modificarán el régimen transitorio en la convocatoria de plazas de profesores contratados, doctores y en los asociados. “Hemos incorporado una enmienda para facilitar la transición hacia
la nueva ley para que los proceso de contratos nuevos se permitan hasta finales del 2023 y que los asociados no tengan que cambiar su régimen hasta el 2024”, resumió Joan Subirats.
A Nadal no le cuadraban las cifras: al menos el 51% de la plantilla tiene que estar compuesta por funcionarios. Pero el 53% del profesorado permanente se jubilará en ocho años. “Entonces, no vamos a disminuir el gap entre funcionarios y laborales”, aseguró Nadal, que aprovechó también para protestar por el carácter de subordinación de la agencia de calidad catalana (AQU) frente a la española (Aneca). “Yo no veo esa jerarquía”, respondió Subirats.
El ministro subrayó el impulso que da la ley a las plantillas en cuanto a reducir su precarización (sitúa en 35 años de edad la estabilización, diez menos que ahora). También limita el peso de asociados. A ello se opone alguna disciplina como Arquitectura, que quiere sumarse a la excepción de Medicina.
Subirats anunció también la creación de un grupo de trabajo para analizar cuánto y cómo financia cada comunidad autónoma a los campus. La aspiración es llegar al 1% del PIB en el 2030. Ahora se sitúan en el 0,7%. “La diferencia supone 2.500 millones de euros”.
Recordó, no obstante, que la financiación de las universidades es competencia autonómica. Según datos de Hacienda, desde el año 2017 al 2021 el aumento de financiación a las comunidades autónomas fue de 34.000 millones, de los que 17.000 se destinaron a sanidad. “¿Cómo se ha decidido el resto? La decisión la toman las autonomías”, explicó.
El conseller protestó: si una ley paraguas como la LOSU crea necesidades añadidas sobre el sistema, debería acompañarse con dinero. En este sentido, el conseller aprovechó para responder a los rectores catalanes que habían pedido un nuevo modelo de financiación, que lo está estudiando como un contrato programa a cuatro años, y con un alza razonable de la financiación.
También se habló del descenso demográfico que vaciará los campus, pero estos podrán llenarse con formaciones a trabajadores y estudiantes extranjeros: “Cuando empezó la guerra, había más estudiantes marroquíes en Ucrania que en España”, dijo Subirats. Ahora, la nueva ley dará cinco años de permiso de residencia.c
Respeta el contexto europeo, el estado descentralizado y la autonomía de los campus”, dice Subirats
Es un punto de partida, pero no de llegada; esta ley obliga a reformar la ley catalana”, asegura Nadal