El último quiebro okupa
Como si se tratase de una maldición bíblica, Barcelona sigue aquejada por la detestable influencia de la okupación. Pasan las décadas y el conflicto, lejos de erradicarse, muta y con él se vive una irritación creciente de los propietarios de viviendas, es decir, una gran mayoría de la población. Se dan pasos insuficientes que tratan de ponerle vendas a heridas que precisan de muchos puntos de sutura. La reciente aprobación en el Parlament de una ley para agilizar los desahucios de okupas conflictivos dota de mayor peso a los ayuntamientos para instar a los desalojos, pero como todos ustedes saben y sufren no es suficiente.
Barcelona ha sido históricamente el principal polo de atracción en España del modelo de permisividad mal entendida en muchas materias, pero especialmente en todo lo que atañe a la okupación. La ley atiende levemente las necesidades de la población, pero no permite erradicar el problema real y este no es otro que conseguir que cuando alguien okupa un inmueble pueda ser expulsado inmediatamente. Eso ahora no es posible a menos que un propietario quiera jugársela contratando a grupos que le hagan el trabajo sucio. Y eso es lo que hay que cambiar. Okupar está prohibido. Tanto da si es por motivos ideológicos, como si se hace por necesidad o porque se está al servicio de las mafias que han visto un filón en esas prácticas, aplaudidas además por políticos que no dan la talla. Hemos incorporado en Barcelona recientemente –la semana pasada hubo una vista judicial con un inquilino de la conocida casa Orsola– el modelo de la okupación pija, la del vivales cuya economía no está en riesgo de exclusión, más bien no debe preocuparse de su cuenta corriente, pero no quiere abandonar una vivienda cuando se le ha acabado el contrato y el propietario tiene otros planes. Aquí todo vale. Solo a la gente en riesgo de exclusión hay que proveerles una salida. De lo contrario, la ciudad se convertirá en la ley de la selva, más si cabe, en la que habrá tantos motivos para aceptar una okupación como personas estén implicadas.
La alcaldía barcelonesa lleva tiempo guiñando el ojo a quienes alientan el modelo de la okupación. De hecho, Colau tiene que ir a declarar el 13 de marzo como imputada por coacciones y prevaricación a un fondo propietario de viviendas. Una institución progresista debe ayudar a los necesitados, pero para cumplir esa hoja de ruta no hay que cargarse la propiedad privada. La okupación es tan detestable que no puede aceptarse ni cuando el espacio invadido es una sede de los comuns, el partido que blanquea dichas actitudes. Ni la sede de los comunes, ni Can Vies (el día que Trias se arrugó), ni narcopisos de las mafias ni por supuesto casa Orsola, la de los okupas de cuello blanco.c
En Barcelona ha aparecido el modelo de la ‘okupación’ pija, la del vivales que no está en riesgo de exclusión