Netanyahu intenta ganar tiempo
Israel atraviesa la crisis interna más grave de su historia, con el riesgo de una implosión que acabe con el sistema democrático que ha regido el país desde su fundación. La reforma judicial emprendida por el Gobierno de coalición de Beniamin Netanyahu –el más derechista habido nunca en el país– ha provocado una gran fractura política y social en Israel y la crítica de todos sus aliados occidentales.
La reforma estaba a punto de ver la luz verde en la Kneset y sus repercusiones sobre la separación de poderes y sobre el control de los jueces por el Gobierno han generado desde hace tres meses protestas multitudinarias en todo el país. La decisión de Netanyahu de cesar a su ministro de Defensa, de su propio partido, un día después de que este le pidiera que la retirara por suponer un peligro para la seguridad de Israel, hizo que ayer los sindicatos convocaran una huelga general que paralizó el país –hasta las embajadas israelíes en el extranjero se sumaron, aunque anoche ya se desconvocó– y colocó a Netanyahu contra las cuerdas. el propio presidente Isaac Herzog le exigió ayer que parara “de inmediato” la reforma y hace días expresó su temor a que la crisis derive en un conflicto civil.
en vista de la situación, el premier anunció ayer la suspensión temporal de la tramitación de la reforma hasta la próxima sesión de la Kneset, en mayo, una pausa que es un intento de rebajar la tensión y ganar tiempo, aunque no abandona la reforma. Dijo que intentará dialogar con la oposición, actuar con responsabilidad y no estar dispuesto a dividir el país, pero advirtió que hay una minoría extremista dispuesta a dividirlo.
era su reacción después que aflorara una profunda división en el seno del Gobierno sobre la reforma. Netanyahu está acorralado y su Gabinete se tambalea, pues ministros del Likud apoyaban la congelación de la reforma mientras que el ultraderechista Itamar Ben-gvir, que amenazó con romper la coalición si había aplazamiento, lo aceptó a cambio de la promesa de que la reforma se debatirá tras este receso parlamentario y de garantizarse que un próximo consejo de ministros aprobará la creación de una Guardia Nacional, bajo el mandato de su ministerio, una de sus exigencias desde hace meses.
Difícilmente este aplazamiento calmará a una gran parte de la sociedad israelí, que ve en esta reforma no solo una maniobra de Bibi para que el Gobierno pueda eludir el control de la justicia, sino para que el propio primer ministro no pueda ser enjuiciado –afronta procesos por soborno, fraude y abuso de confianza– ni ser incapacitado. La semana pasada el Parlamento ya aprobó la ley que le blinda ante la justicia.
La protesta en la calle va más allá del debate político. es la férrea lucha entre dos modelos de país: el que defiende una democracia liberal secular al estilo occidental, y el que aboga por un estado guiado por la ley judía. en esta crisis juega un papel clave el concepto de seguridad. Una seguridad que representa el ejército, una institución que aglutina a la sociedad israelí. Pero ahora la crisis amenaza la unidad del ejército y cientos de reservistas y militares rechazan servir “en las fuerzas armadas de una dictadura” y los llamamientos a la insumisión y la deserción se multiplican. sectores como el educativo, el científico y el del hi-tech rechazan también esta reforma, que puede provocar un daño irreparable a la economía israelí y frenar la inversión extranjera.
Israel es una democracia, pero sin un sistema efectivo de control del poder puede dejar de serlo. el país no tiene Constitución ni segunda cámara legislativa, por lo que el poder judicial y el tribunal supremo ejercen de freno ante los excesos del poder político. el Likud y sus socios quieren controlar el proceso de selección de jueces, con lo que el Gobierno apenas estará sujeto a controles. La extrema polarización de la sociedad israelí puede provocar un episodio de violento enfrentamiento civil que aboque al país a una situación límite si la reforma judicial es aprobada. Israel se halla al borde del abismo.
El premier aplaza la reforma judicial ante la masiva protesta y la división en su Gobierno