Sobre maternidad y vientres de alquiler
Una foto de la actriz y presentadora Ana Obregón, de 68 años recién cumplidos, abandonando en silla de ruedas un centro hospitalario de Miami, con un bebé en brazos, fruto de un vientre de alquiler, ha reavivado el debate sobre los denominados embarazos subrogados, que la legislación vigente española no permite. Motivo, este último, por el que ciudadanas y ciudadanos españoles acuden para satisfacer sus anhelos maternales a países como EE.UU. o Ucrania, dotados con una legislación más permisiva.
El debate de los vientres de alquiler viene de lejos, es complejo y presenta muchas facetas. Para las fuerzas situadas a la izquierda de nuestro arco parlamentario, la cuestión está clara. Desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez se ha argumentado que la maternidad subrogada se reduce a la utilización del cuerpo de ciertas mujeres, que por lo general actúan movidas por su precaria economía y a cambio de una contraprestación dineraria, en beneficio de quienes no pueden realizar su deseo de maternidad, pero sí pagarlo a otra. Se suele concluir que tal deseo, siendo perfectamente comprensible, en ningún caso debe estar por encima del derecho de madres e hijos biológicos a compartir una vida digna como tales.
Esta posición, reflejada en la legislación española en vigor, coincide con la de los principales organismos interesados en este asunto. El Comité de Bioética de España estima que “el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas”; y que el contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer gestante y un daño a los intereses superiores del menor. A su vez, el Parlamento Europeo ha condenado la gestación por sustitución, por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima, lo que aconsejaría, a su criterio, prohibir esta práctica. Y la relatora especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños advierte que “la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula, va a perjudicar los derechos de las madres y sus hijos”, añadiendo que, cuando comporta transacción comercial, equivale de hecho a la venta de niños.
Obviamente, hay personas que opinan lo contrario, y cuyas razones pueden llegar a entenderse. La propia Ana Obregón perdió hace tres años a su único hijo, víctima del cáncer, y posteriormente, con muy poco tiempo de diferencia, murieron sus ancianos padres; ahora afirma que ya no volverá a estar sola. Hay parejas de homosexuales varones con afán de paternidad, pero sin posibilidad de satisfacerlo personalmente, que recurren a estos procesos en una medida cada día mayor que a las adopciones de hijos de familias con frecuencia desestructuradas (aunque dichas parejas representan sólo el 20% del total que recurren a vientres de alquiler). Y, por último, partidos como Ciudadanos se pronunciaron de antiguo en favor de regularizar las gestaciones subrogadas. Ayer, el PP se abrió a esta posibilidad, si no media pago a cambio.
Pero ninguna de estas posiciones cuenta ahora entre nosotros con el debido respaldo legal. Ni la maternidad subrogada parece natural o aconsejable a edades avanzadas. Ni dispone tampoco de un apoyo mayoritario cuando descendemos a los aspectos comerciales (puesto que gran parte de estos alquileres de vientre no son precisamente altruistas). Ni mucho menos cuando se consideran los vínculos bioquímicos y psicológicos que se establecen entre madre e hijo durante los nueve meses de gestación, y que inevitablemente quedan cercenados cuando el fruto del embarazo es entregado a los padres finales que un día encargaron a los biológicos una maternidad subrogada.
El embarazo subrogado de la actriz Ana Obregón, de 68 años, reabre el debate