Fraude fiscal récord en Catalunya
Más de mil millones de euros ha aflorado la Generalitat por fraude fiscal durante los últimos cuatro años en el pago de los impuestos que tiene transferidos. En concreto, son 1.055 millones de euros entre el 2019 y el 2022, un 42,5% más que en el periodo 2015-2018. La mayor parte de las irregularidades se han detectado en los impuestos sobre sucesiones y donaciones (39,4%), patrimonio (31,2%) y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (27,4%).
La persecución del fraude fiscal que hace la Agència Tributària de Catalunya beneficia al conjunto de la sociedad, porque contribuye a garantizar a la Generalitat los ingresos necesarios para financiar su funcionamiento y el de los servicios públicos que gestiona. En este sentido, hay que aplaudir y apoyar los esfuerzos de los servicios de inspección. Hay que tener en cuenta que los 1.055 millones, que suponen un récord histórico, equivalen al presupuesto anual de Catalunya para universidades o al de las dotaciones para los hospitales públicos y más del doble del presupuesto para cultura.
El hecho de que Catalunya sea la comunidad que tiene los impuestos más altos sobre sucesiones y sobre patrimonio no justifica, bajo ningún concepto, que haya contribuyentes que intenten eludir el pago de esos tributos con el traslado ficticio de su domicilio fiscal, ya sea a otras autonomías o al extranjero. Lo que hay que hacer cuando una norma se considera injusta o abusiva, como puede ser el caso de los impuestos citados, es intentar modificarla a través de iniciativas parlamentarias.
La Agència ha detectado que los cambios de domicilio fiscal fraudulentos hacia otras autonomías para no pagar el impuesto de patrimonio se han empezado a reducir. Han pasado de 45 casos en el 2021 a 24 en el 2022, aunque el importe defraudado ha sido mayor: pasó de 29 millones de euros a 49,5. El descenso en los intentos ilegales de deslocalizar el domicilio fiscal se da ante la implantación este año por el Gobierno central del impuesto sobre las grandes fortunas en todo el territorio español y que tiende a equiparar la tributación de los grandes patrimonios en todo el Estado. Ello desincentiva la tentación del traslado a otras autonomías, como la madrileña, para pagar menos. La diferencia entre autonomías, en cambio, se mantiene en el impuesto de sucesiones.
La agencia catalana no ve una afectación significativa en Catalunya del dumping fiscal que hace la comunidad madrileña; ha comprobado que el número de grandes contribuyentes en Catalunya no se ha reducido, sino que ha aumentado. Pero que se hayan detectado 69 intentos fraudulentos de deslocalización en dos años refleja una tendencia que pone en valor la necesidad de que Catalunya disponga de un sistema fiscal competitivo, tanto a escala nacional como internacional, para la atracción de capitales y de inversiones. Renunciar a ello es regalar dinero y progreso a los demás.
La Agència Tributària catalana persigue la deslocalización de los grandes patrimonios