Plan de choque en los juzgados por el colapso de la huelga de los secretarios
Horas extras, refuerzo de personal o juicios por las tardes, algunas de las medidas
“Un análisis del impacto del conflicto, que facilite la actuación para la recuperación de la actividad ordinaria de la oficina judicial y los centros de destino”. O dicho de otra manera, para que se entienda: un plan de choque, con asignación presupuestaria extra, para recuperar cuanto antes la normalidad en los juzgados.
Es uno de los puntos del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la administración de justicia tras el fin de la histórica huelga protagonizada por los antiguos secretarios judiciales.
Los letrados de la administración de justicia, jueces, fiscales y abogados coinciden en una cosa. “Sin un plan de choque, bien estudiado y estructurado, el colapso provocado por este parón en esas oficinas no se solucionará”. Y también comparten: “Esto no será cosa de dos meses, que es lo que ha durado la huelga; para volver al punto en el que se estaba antes de iniciarse este paro hará falta como mínimo un año de trabajo extra”.
Las dos partes en litigio se dan un margen de tres meses, reza el acuerdo firmado el martes, para diseñar ese plan de choque. Sin actuaciones, de momento, concretas. Pero desde el universo judicial empiezan a escucharse ya voces con algunas propuestas, como pagar horas extras a los funcionarios, señalar juicios por las tardes, refuerzo con más personal, dosificar las notificaciones para no colapsar aún más esas oficinas o fijar prioridades en el pago de los mas de mil millones de euros bloqueados en las cuentas de los juzgados.
Muchos tribunales superiores de justicia llevan ya semanas preparando medidas para paliar cuanto antes las consecuencias de esta huelga. Algunas de esas oficinas están diseñando, por ejemplo, nuevas normas en los procesos de notificación para que no corran los plazos. Ahora, lo peor que podría pasarles es recibir una avalancha de notificaciones, sumadas a las acumuladas sin resolver durante estos dos meses de huelga.
Otra prioridad en esos tribunales que se han puesto ya manos a la obra es liberar de inmediato los pagos pendientes, con especial atención a aquellos referidos a procesos de lo social o mercantil. También se tendrá que hacer un esfuerzo para garantizar la celebración de todas las vistas señaladas y habrá que prestar atención a las posibles suspensiones para cancelarlas con el tiempo suficiente y así poder señalar otras vistas en esos huecos de agenda.
Los letrados nunca han escondido, mientras ha durado la protesta, la cara factura que esta se ha cobrado entre los ciudadanos por cada día de paro. De ahí su extrañeza, que tampoco han ocultado, por la tardanza del Ministerio de Justicia en atender sus reclamaciones. Durante estos dos meses se han suspendido alrededor de 400.000 juicios y han quedado bloqueadas en las cuentas de los juzgados 1.500 millones de euros.
“Nunca se habría llegado a esas cifras –en unas oficinas ya saturadas de trabajo– si Justicia hubiese reaccionado antes”, critican los convocantes de esta huelga. Ahora, con el plan de choque previsto, el Gobierno deberá hacer frente –además del incremento de hasta 450 euros brutos prometidos en la nómina mensual de estos letrados– “a una nueva partida presupuestaria”, auguran estas fuentes. Ya se verá cómo se diseña ese plan, aunque para algunos operadores jurídicos no deja de ser chocante que esos secretarios, cuyo paro ha provocado esta situación, vayan a cobrar en el futuro, con sus compañeros de oficina, horas extras para reducir el colapso.
El Ministerio de Justicia y las comunidades que tienen transferidas las competencias en ese campo deberán marcar en los próximos días la senda que seguir. Con los juicios suspendidos, la mayoría han vuelto a ser señalados para de aquí a varios meses, por lo que en ese frente el daño causado a los ciudadanos es ya irreparable. Y la primera semana de abril se conocerá, con números reales, el impacto de esta huelga, con la estadística de actividad judicial de los tres primeros meses del año.
Choca que ahora esos letrados puedan cobrar un dinero extra para solventar el caos que ellos han causado