Condena que marca un antes y un después

Cuatro años y medio de cárcel, trece de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. Esta es la condena que recibió ayer Laura Borràs, presidenta suspendida del Parlament de Catalunya y presidenta de Junts per Catalunya, en el juicio al que fue sometida por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), acusada de delitos de falsedad documental y prevaricación. Delitos que, según ha acreditado la justicia, cometió en su etapa (2013-2017) al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al atribuir a dedo contratos irregularmente troceados a un amigo proveedor de servicios informáticos.

Esta condena se puede ver atenuada si el Gobierno considera la propuesta del tribunal, en el sentido de aplicar a Borràs un indulto parcial, cuyo objetivo es evitar su ingreso en prisión. Este es un recurso que el Código Penal concede a los jueces cuando consideran que el ordenamiento legal puede propiciar penas a su juicio excesivas. Su aprobación depende, en última instancia, del Ministerio de Justicia y, por tanto, del Gobierno central.

La condenada reaccionó del modo previsible en su caso. Afirmó sin pruebas –tampoco las aportó antes de su inocencia– que había sido sometida a un juicio injusto y que por tanto no podía esperar una sentencia justa. Acusó además al TSJC de parcial, politizado y alineado con la defensa de la unidad de España, insistiendo en que es presa de una persecución ideológica.

Borràs tuvo sus apoyos, entre los que destacó in situ el del expresident Torra, que valoró la sentencia como una infamia. O el del expresident Puigdemont, que desde la distancia abundó en su política de confrontación con el Estado. Contó también con el respaldo de algunos dirigentes de Junts, pero no de todos, puesto que en esta formación no faltan quienes opinan que Borràs debería ser consciente de su situación penal y abandonar cuanto antes sus cargos.

Tanto el PSC como el PP fueron explícitos en este sentido, al pedir a Borràs que dé un paso al lado. ERC y la CUP expresaron ya tiempo atrás sus distancias con la ahora condenada. Ciudadanos fue ayer más lejos y acudió a la Junta Electoral Central para solicitar que retire a Borràs, ya condenada por corrupción, su escaño, con lo que perdería también la presidencia del Parlament.

Ante estos hechos, procede subrayar varias cuestiones. La primera es que la causa por la que se ha juzgado a Borràs es anterior al estallido del procés y se deriva exclusivamente de sus irregularidades durante el ejercicio de la presidencia de la ILC, por lo que no es comparable ni equiparable a las condenas dictadas en el juicio del procés a otros líderes independentistas. La segunda, y sin duda no menos importante, es que Catalunya no puede permitir en ningún caso que su segunda autoridad institucional, únicamente por detrás del presidente de la Generalitat, esté ocupada por una persona con el actual expediente penal de Borràs. La tercera es que Junts debería ser el primer interesado en apartar definitivamente a Borràs tanto de la presidencia del Parlament como de la presidencia del propio partido, puesto que su condena y las causas que la han motivado constituyen una oscura mácula para esta formación.

La carrera política de Borràs en el ámbito institucional parece haber llegado, de momento y por un largo periodo de tiempo, a su fin. La justicia se ha expresado con claridad, y quedamos ahora a la espera de los posibles recursos de la defensa y de la actitud del Gobierno ante la petición de indulto parcial efectuada por los jueces. Todos los partidos políticos, salvo parte de Junts, consideran que una persona con el historial de Borràs no está facultada para la representación popular. Así lo creemos también nosotros.c

Junts debería ser el primer interesado en apartar a Borràs de sus cargos institucionales