Y ahora, más difícil todavía: llega la sequía
En la Moncloa se preparan para abordar las consecuencias de la sequía, aunque las verdaderas soluciones no se puedan improvisar. Pero el entorno de Sánchez está convencido de que el PP fía ahora sus opciones a la falta de lluvia.
Catalunya está sedienta. Los embalses que abastecen Barcelona y su área metropolitana están al 20%. La Generalitat quiere trasvasar agua del Segre. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, se opone. El Gobierno catalán busca alternativas que suenan estrambóticas, como traer agua en barco. Estamos en marzo del 2008. Gobiernan el tripartito en Catalunya y Zapatero en la Moncloa. Artur Mas, en la oposición, pide el trasvase del Ródano. Se discute sobre el desperdicio de agua, sobre piscinas, desalinizadoras… En abril el Gobierno aprueba la prolongación de una tubería que lleva agua del Ebro a Tarragona como ayuda “temporal” a la “emergencia” que vive Barcelona. Aragón (PSOE) y la Comunidad Valenciana (PP) ponen el grito en el cielo. El conseller Francesc Baltasar, comunista, le reza a la Moreneta. El primer barco con agua llega al puerto de Tarragona... y empieza a llover.
Nos vamos a remontar un poco más lejos en el tiempo. Verano del 2003. Jordi Pujol visita Castellón. Allí, defiende el trasvase del Ebro que planea Aznar. “Nadie puede discutir que el País Valencià necesita agua y Castellón de una manera importante”, alecciona el president, que unos meses antes había sido recibido en Alcanar con gritos de “traidor” de 600 seguidores de su partido. Aquello le pasaría factura. Él mismo lo reconoció años después en Torrent, donde dijo haberse sentido “muy maltratado” por sectores valencianos: “Fue mi gobierno el que apostó por el trasvase del Ebro para Valencia, por lo que perdí cuatro diputados y, quizás, hasta la presidencia del gobierno catalán (…) enfrentándome a Aragón, a las Terres de l’ebre y a la oposición interna en Catalunya”. Y redobló: “Yo me jugué el tipo por ustedes, pero ustedes dirigen la protesta hacia Catalunya y no hacia Aragón”.
Valga este somero repaso histórico para constatar dos cosas: lo de la sequía viene de lejos y no se ha hecho lo suficiente, y segundo, el asunto se presta a la manipulación política y al encono entre territorios. La Moncloa empieza a discurrir cómo afrontar un escenario que creen que el
PP ya visualiza: que el Gobierno se tueste sobre la tierra reseca y resquebrajada de muchas zonas de España. El entorno de Pedro Sánchez está convencido de que el PP confió en la pandemia primero y luego en la guerra y la inflación sin éxito, y que ahora ve una oportunidad en la sequía y los incendios. La luz de alerta ya se ha encendido. Doñana ha sido un aviso.
El círculo de confianza del presidente trabaja desde hace tiempo en la agenda de un año electoral intenso. Se trata de llevar la iniciativa y que Alberto Núñez Feijóo vaya a remolque. De ahí que Sánchez quisiera zanjar cuanto antes la reforma de la ley del solo sí es sí. Pactada la rectificación con el PP, se acallan las críticas a nuevas excarcelaciones de agresores sexuales. Y
se pone sobre la mesa la vivienda. Hace un año Nadia Calviño se hizo con el control de la Sareb, lo que obligó a asumir como deuda pública 35.000 millones que el banco malo tenía pendientes de devolver. El objetivo de aquel movimiento es ahora evidente, con el anuncio de Sánchez de la puesta a disposición de autonomías y ayuntamientos de 50.000 pisos para alquiler asequible. Feijóo sólo acertó a replicar con una ayuda de mil euros a jóvenes con recursos insuficientes (sin concretar) para emanciparse.
La sequía no estaba en ningún plan. Pero en la Moncloa reaccionaron con rapidez, también en Europa, para arrinconar a Juanma Moreno Bonilla. El presidente andaluz puede sacar adelante su plan para regularizar regadíos ilegales, ganar apoyo local y decantar la Diputación de Huelva para el PP, pero eso tendría costes para Feijóo en el resto de España, acusado de permitir que España sea multada por la UE por incumplir sentencias que protegen un patrimonio de la humanidad como es Doñana. El Gobierno ha reunido esta semana a las autonomías en la mesa sobre la sequía y trata de conjurar una posible guerra política del agua. En los próximos días también se tratará de coordinar los servicios de protección civil ante los probables incendios. Pero ofrecer soluciones a corto plazo a la escasez de lluvias va a ser difícil. De momento, sus consecuencias en la carestía de los alimentos han dado al
En Catalunya ya se reparten culpas: regantes, ayuntamientos, empresas, turismo, piscinas...
traste con el descenso de precios que Economía esperaba que se empezaría a notar por estas fechas.
En Catalunya vemos indicios de las refriegas que pueden suscitarse. La reunión entre los partidos sobre el decreto de la sequía acabó sin acuerdo. El PSC acusa a ERC de traspasar su responsabilidad a los ayuntamientos. Y ya se escuchan discursos que culpabilizan a los agricultores de regadío, las empresas suministradoras de agua, el turismo, los dueños de piscinas...
En un Estado autonómico en el que la solidaridad interterritorial se utiliza como arma arrojadiza entre baronías políticas y siglas, la disputa por un bien imprescindible y escaso como el agua puede tensionar más sus costuras y hacer tambalear gobiernos. Lo vivió Pujol. Lo experimentó José Montilla. No es de extrañar que esta semana se viera a Félix Bolaños, mano derecha de Sánchez y ministro de Presidencia y de “asuntos catalanes”, contemplando a la Moreneta en actitud piadosa.