El plan de vivienda de Sánchez
Finalmente desde el gobierno se empieza a actuar en el mercado de la vivienda de la única forma en que, a medio y largo plazo, se pueden bajar los precios y facilitar el acceso a ella, algo que es extremadamente necesario para los jóvenes y los colectivos más vulnerables del país. Esa solución pasa por la apuesta decidida por el aumento de la oferta de pisos para alquilar y vender. El presidente Sánchez, en esa línea, ha anunciado la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb –el organismo que se quedó con todo el patrimonio inmobiliario tóxico de las cajas de ahorros y bancos– para destinarlos a alquiler social. Paralelamente ha abierto una ventana de financiación de 4.000 millones para impulsar la construcción o remodelación de hasta 43.000 nuevas viviendas, en colaboración con el sector privado, para destinarlas asimismo a alquiler social o con precios asequibles.
El líder del Partido Popular, Alberto núñez Feijóo, ha calificado la iniciativa de Sánchez de pura estrategia electoralista para atraer votos ante las próximas citas con las urnas que hay este año, tanto las locales y autonómicas como las generales. Aunque eso sea así, hay que valorar la nueva orientación del gobierno en política de vivienda, en la línea de lo que ha sido largamente reivindicado por todos los expertos. Siempre que no se quede en meros anuncios.
Si el aumento de la oferta de viviendas es el camino correcto, hay dudas, sin embargo, de que sea suficiente el número de viviendas que prevé el plan de Sánchez. Hay que tener en cuenta que esas 100.000 viviendas que se plantean como objetivo global son las que España necesita justamente cada año para atender la demanda que existe en el país.
Antes de la crisis se edificaban más de 500.000 viviendas anualmente. Pero desde el 2008, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la construcción ha operado bajo mínimos. El resultado es que hay una gran demanda acumulada, sobre todo de vivienda social, pero también libre.
lo que tiene difícil explicación es cómo la Sareb, en todos esos años, no ha sido capaz de gestionar adecuadamente su enorme reserva de pisos y los ha dejado prácticamente abandonados y a expensas de los ocupas. Hace bien, por tanto, el gobierno en tomar cartas en el asunto y ordenar que se destinen a alquiler social.
Como ha dicho la vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía, nadia Calviño, con la movilización de las viviendas de la Sareb para alquiler asequible se devolverá a los ciudadanos parte del coste del rescate bancario que hace doce años hizo el Partido Popular. El problema es que hace poco el consejo de administración de la Sareb decidió ceder la gestión de gran parte de sus pisos a promotoras inmobiliarias privadas. Este hecho planteará problemas jurídicos que se deberán resolver.
En cualquier caso, lo importante es que el gobierno, juntamente con la iniciativa privada, acelere todo lo posible –y con eficacia– los planes para aumentar la oferta de viviendas en España con la máxima urgencia. Como hemos dicho, España necesita construir o rehabilitar unas cien mil viviendas al año para atender la demanda. Conseguir ese objetivo exige que el gobierno amplíe considerablemente el plan que ha presentado el presidente. Es necesaria una normativa clara que ofrezca los incentivos y la seguridad jurídica suficientes para que la iniciativa privada se comprometa a fondo. Eso exige que el reglamento de la nueva ley de vivienda se desarrolle de la forma adecuada.
Conseguir la colaboración del sector privado es fundamental. la construcción de las viviendas que se necesitan es algo que el Estado por sí mismo no puede conseguir. Si las cosas se hacen bien, España podría encarrilar en los próximos años la resolución del problema de la falta de vivienda social y asequible. Sería un avance histórico para cumplir, definitivamente, con el derecho constitucional a una vivienda digna, sobre todo para los jóvenes.
El Gobierno impulsa la masiva construcción de pisos para aumentar la oferta y bajar precios