El cheque escolar, a debate
La Conferencia Episcopal planteó esta opción como solución a la escuela concertada
Los obispos españoles han reclamado esta semana una educación gratuita independientemente de la titularidad pública o privada del centro y del modelo de confesión religiosa en el marco de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). “Las familias deben exigir el derecho a poder elegir la educación que prefieren sobre sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan”, señaló el presidente de la CEE, Juan José Omella, que denunció la infrafinanciación de la escuela concertada y se cuestionó si no podría ser el cheque escolar la herramienta que ayude garantizar su pervivencia.
“¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente?”, se interrogaba Omella, que puso el ejemplo de lo que ocurre en otros países europeos que “financian abierta y completamente la educación de los niños y adolescentes en la escuela escogida por los padres, sean cuales sean su titularidad, modelo educativo y confesión religiosa o laica”.
Esa idea, que no es nueva, ha reabierto el debate sobre la financiación de la escuela concertada, que se sufraga en un 65% con el concierto educativo, que sirve para pagar el sueldo del profesorado y de una parte de los gastos de funcionamiento de la escuela y en un 35% por las aportaciones que realizan las familias, que cubren los costes de la sexta hora, el pago de especialistas contratados por el centro, los gastos de funcionamiento que no cubre el concierto y otros servicios educativos.
La secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, recuerda que en Catalunya ya existe una ley educativa, aprobada en el 2009, que reconoce que el servicio educativo, integrado por centros públicos y concertados, debe ser gratuito. En este sentido, considera que lo que hay que hacer es “avanzar en la gratuidad del sistema”, desplegando completamente –también en la vertiente económica– una ley que ya está aprobada. “Que el 35% de los costes de educación los tengan que pagar las familias es un problema especialmente para aquellas que concentran más alumnado vulnerable”, resalta Ruiz. “Lo que debemos reivindicar es que el Govern financie ese 35% para que todo nuestro alumnado pueda acudir a nuestros centros sin necesidad de pagar”.
Según Ruiz, la mejora de la financiación “sería suficiente” sin necesidad de usar otros instrumentos como el cheque escolar. “Da más garantías jurídicas y genera más equidad”, subraya Ruiz, que pide para la educación un modelo parecido al sistema sanitario catalán en el que “seas quien seas y vengas de donde vengas puedes ir a cualquier hospital concertado o público y te atienden igual, sin pagar nada”. Según la escuela concertada, que en Catalunya escolariza a unos 365.000 alumnos entre 700 centros –religiosos y laicos–, el Departament d’educació paga un 33% menos por una plaza concertada que por una pública.
Josep Closa, director general de la Fundació Vedruna Catalunya –
Los centros católicos creen que el mejor sistema pasa por aumentar la financiación
que agrupa 37 centros de inspiración cristiana que suman 20.000 alumnos–, defiende que “los padres deberían poder elegir el centro de sus hijos por el proyecto, independientemente de su capacidad económica”. Señala que en los centros Vedruna, el 22% de media del alumnado tiene necesidades educativas especiales, cifra que supera el 33% en algunas zonas. Sobre la medida del cheque escolar, considera que “podría ser una opción siempre que se adecue a las necesidades de los centros”, aunque puede haber otras fórmulas como el aumento de la financiación. “No tenemos ningún interés en cobrar cuotas a los padres, pero tenemos que hacerlo porque la administración no nos dota de suficientes recursos”, esgrime.
El presidente de la Federació d’associacions de Pares i Mares d’escoles Lliures (Fapel), José Manuel Prats, considera que el concierto es una herramienta “jurídica económica eficaz, que da garantías de estabilidad, durabilidad y seguridad”, pero “es insuficiente” en cuanto a la cuantía. “Hay que seguir remando para que se pueda incrementar”. Sobre el cheque escolar, considera que ese instrumento, sin haberse entrado a fondo en la propuesta, genera dudas. “Podría entenderse como una subvención y eso es siempre discrecional, temporal, sujeto a disponibilidad... por ahora le veo interrogantes”, señala.
Tampoco lo ven claro Escuelas Católicas, la mayor patronal de la enseñanza concertada. Su secretario general, Pedro Huerta, en declaraciones recogidas por Efe, señalaba esta semana que ese cheque, “en lugar de mejorar el sistema, castigaría a las familias que no pudieran pagar lo que excedería de esa parte gratuita del cheque” y se sumaba a la petición de “mejorar los conciertos” entre los centros y las administraciones.
Diferente es la opinión de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), que forma a unos 60.000 alumnos, que reclama estudiar vías como la ayuda directa a las familias bajo criterios de renta. “Aportaría una mayor libertad a las familias para elegir el colegio que consideran más adecuado para sus hijos, superando la barrera económica”, dicen.
Carlos Camí, presidente de la Confederació de Centres Autònoms de Catalunya –patronal que agrupa a centros concertados laicos–, apunta que, si bien esta medida no cree que les afecte directamente, “sería bienvenida” si se acabara implantando.c