La vivienda en campaña electoral. ¡Pues claro!
La vivienda es una angustia para muchos ciudadanos en las grandes ciudades españolas. Un problema que resulta de otros (salarios, políticas sociales, presión financiera) y que no se resolverá en el terreno acotado de la política municipal.
La activista Ada Colau empezó a descubrir desde el año 2015, como alcaldesa instalada en la plaza de Sant Jaume, que el cargo no llevaba incluida la llave para resolver el problema de la vivienda en la capital catalana. Pese a su esfuerzo y seguramente toda la buena intención del mundo, durante dos mandatos apenas ha podido pasar de aplicar cuidados paliativos al crítico problema del acceso a la vivienda en condiciones sostenibles para la mayoría de la población. Y ahora, ocho años después, la líder de los Comuns sabe que necesita muchas más herramientas que la simple voluntad de la alcaldesa. Por ejemplo, una ley aprobada en el Congreso. La historia no incluirá en su legado, por lo menos hasta ahora, haber solucionado tan acuciante problema.
Pedro Sánchez, con el certero instinto político que ya ha demostrado sobradamente, ha dado el empujón final a una nueva ley sobre la vivienda que le viene de perillas en el arranque de la larga campaña electoral que ocupará todo lo que resta del año. Pero este olfato del presidente no debe ser recibido necesariamente de forma peyorativa. ¿No es cierto que la vivienda, junto con la subida de los precios de los productos de primera necesidad, es el primero y principal problema para la mayoría de los españoles? ¿Qué mejor momento que unas elecciones, sobre todo si son municipales, para que los aspirantes a gestionar las ciudades y el gobierno expliquen qué recetas llevan en sus carpetas para hacerle frente?
El problema no es que Sánchez proponga una ley de vivienda. En todo caso debería ser su contenido. Pero ese es asunto mucho más complejo. Por utilizar el lenguaje al uso en estos últimos tiempos, tan populistas son quienes defienden que la mejor ley es la que no existe, es decir, que debería dejarse todo en manos del mercado, como los que creen que con una norma que imponga topes a los precios de los alquileres y ampliar la oferta de viviendas sociales se resuelve el asunto.
En el primer caso, el hecho mismo de que las condiciones de acceso a una vivienda en alquiler (la compra ya ni se lo plantean los afectados) en las principales ciudades esté empeorando progresivamente y condenando a la pauperización vital a gran parte de la población, especialmente, pero no solo, jóvenes, es suficiente argumento para exigir la intervención de las administraciones públicas.
La historia enseña que dejarlo en manos del mercado podría ser tanto como asegurar que se va a agravar sin remedio. Hagamos un somero repaso al pasado reciente. El de la última burbuja inmobiliaria española, una de las más grandes de la historia del capitalismo mundial.
El mantra de los gobiernos de José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se resumía en que la clave era ampliar la oferta. Una receta que parece de enseñanza primaria, pero que a veces solo sirve para afianzar un prejuicio simplemente ideológico. En aquellos años felices, cuanto más crecía la oferta – de suelo urbanizable, de pisos en construcción y en venta– y las ayudas –desgravaciones fiscales, tipos de interés bajos, ayudas a los jóvenes compradores–, más subían los precios. Durante un decenio, España construyó más pisos que Alemania, Francia e Italia juntos. Más oferta significó más burbuja. Hasta que estalló.
Luego, cuando el castillo de naipes se derrumbó, nos enteramos de que en realidad los precios se desbocaron porque el Banco Central Europeo (BCE) no subió los tipos de interés durante ocho años (2000-2008) para ayudar a una Alemania renqueante. Que los bancos de ese país enviaban cientos de miles de millones de euros, que no invertían allí, a sus colegas españoles para que dieran créditos de manera indiscriminada a unos ciudadanos que tenían que empeñarse hasta las cejas para conseguir un techo (aunque muchos, pero siempre los menos, también aprovecharon para hacer dinero). A los españoles les aplicaron una espesa dieta forzosa cargada de deuda y ladrillo. Todo para acabar siendo tildados de manirrotos y malgastadores.
Con la crisis, los precios de los pisos se desplomaron. Pero eso no representó una oportunidad para que creciera el porcentaje de propietarios. Pues como los ciudadanos estaban perdiendo sus empleos y cobrando salarios más bajos, tuvieron que olvidarse de comprar y no les quedó más remedio que consolarse con el alquiler. En la última década, el porcentaje del parque de vivienda en propiedad bajó, mientras que subió el del alquiler.
A eso se sumó la eclosión del turismo urbano, especialmente el internacional, un sustituto de la alicaída demanda interna, espoleado por las nuevas aplicaciones tecnológicas y las finanzas. En conjunto, un alto crecimiento de la demanda que disparó los precios. Un drama para los residentes.
Como añadido, en las condiciones de bajos tipos de interés que han regido en Europa desde la Gran Recesión hasta hace escasos meses, los grandes fondos internacionales buscaron rentabilidades compensatorias en el territorio en el que confluyen el turismo, el alquiler y la ingeniería financiera. Pese a que no representan la mayoría del mercado, sí que deciden su dinámica, sobre todo la de los precios.
Como colofón final, la actual inflación de precios. Presiona sobre los propietarios, ansiosos de compensar la pérdida de poder adquisitivo consiguiendo más renta de sus pisos en alquiler. Justo cuando sus inquilinos, que ya estaban al límite, sufren subidas de precios que corroen sus escasos ingresos. Una vez más, se pone de manifiesto la gravedad del bajo nivel de los salarios en España. Insuficientes para asumir los alquileres vigentes, imposibles para la compra, negados para el ahorro.
En realidad, como ocurre a veces con la salud de las personas, la vivienda es el síntoma de que existen otros problemas graves en la sociedad y en la economía. Demasiadas fuerzas poderosas presionando sobre unos ayuntamientos que guerrean con armas de fogueo. Por eso en ninguna gran ciudad europea han encontrado aún la solución. Y al mismo tiempo, todas ellas recurren a medidas similares para intentarlo. Desde la congelación de precios hasta la promoción de vivienda social. Pero, desde luego, no es posible soñar con una solución equilibrada a escala municipal. Ahora se pondrá a prueba si sucede lo mismo en el caso de las normas del Gobierno central.
Antes del 2008 también se dijo que la solución era más oferta; pero no bajaron los precios, se infló la burbuja
La vivienda es como la salud, refleja otros problemas no resueltos en la sociedad y la economía