Llarena da cinco días a las partes para que digan si hay que detener a Ponsatí
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, dio ayer cinco días a las partes –Fiscalía y Abogacía del Estado– para que digan si la exconsellera Clara Ponsatí debe ser arrestada cuando regrese a España, después de no comparecer ayer ante el Alto Tribunal. La eurodiputada estaba citada a declarar para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia por incumplir las órdenes del Tribunal Constitucional de no convocar el referéndum del 1 de octubre del 2017.
Ponsatí se encontraba huida de la justicia española desde noviembre del 2017. Sin embargo, hace unos días decidió volver a España una vez que el propio Llarena modificó el auto de procesamiento y retiró el delito de sedición tras su derogación del Código Penal.
En el caso de otros huidos es diferente, como el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sobre él pesa un delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, a Ponsatí solo se le reclama uno de desobediencia que no lleva aparejada pena de prisión, sino meramente una inhabilitación.
Por eso decidió volver a España, donde fue detenida al pesar sobre ella una orden europea de detención. Tras pasar a disposición de un juzgado de Barcelona, quedó en libertad con una citación de Llarena para que se personara ayer ante el Alto Tribunal.
La eurodiputada no acudió a su cita en el Supremo. “Llueve en Flandes”. Con esta frase en su cuenta de Twitter junto a una foto de lluvia cayendo en Bélgica, tomada aparentemente desde su domicilio, la exconsellera y eurodiputada de Jxcat dejó claro que no se iba a presentar ante Llarena.
Ponsatí se excusó por tener dos comisiones parlamentarias ayer en el Parlamento Europeo, lo que resulta “incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas”, sostiene en un escrito remitido por su defensa al Supremo.
Además de su trabajo en el Parlamento Europeo, Ponsatí ha alegado que “están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento”, así como “la vulneración de distintos derechos fundamentales” de la exconsellera. Al respecto, el escrito cita que el Parlamento Europeo tiene un procedimiento abierto sobre los privilegios e inmunidades de Ponsatí. De ahí que Llarena también le haya reclamado que aporte la documentación que demuestre que ha pedido amparo de su inmunidad parlamentaria.