Chile elige su segunda asamblea constituyente en apenas dos años
Las fuerzas conservadoras podrían controlar la redacción de la Carta Magna
Chile afronta este domingo otro paso en su proceso de refundación institucional con la celebración de un nuevo referéndum para elegir una asamblea constituyente, encargada de redactar la ansiada Carta Magna que debe sustituir el texto impulsado por la dictadura de Pinochet.
Será la segunda constituyente en dos años, tras el fracaso del primer intento. Un primer proyecto de texto fundamental fue rechazado en referéndum en septiembre del año pasado por un 62% de los chilenos, lo que hundió al país aún más en el desencanto y provocó la primera gran crisis de confianza en el esperanzador Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric, que llegó a la Moneda en marzo del 2022.
El rechazo fue interpretado como un castigo al anárquico proceso constituyente iniciado tras el estallido social del 2019 que desembocó en una Convención Constitucional paritaria, progresista y con amplia representación de los pueblos originarios, pero plagada de outsiders e independientes antisistema.
Durante un año de trabajos, varios escándalos afectaron a algunos convencionales y minaron el prestigio del órgano. Finalmente, el texto propuesto acabó pareciendo demasiado radical para el gusto de la mayoría de los chilenos, que durante la revuelta social habían exigido en las calles una transformación profunda del modelo socioeconómico neoliberal legado por la dictadura.
El texto rechazado declaraba, en su artículo primero, que Chile sería un “Estado social y democrático de derecho”, lo cual no está en cuestión tampoco en este segundo intento. Sin embargo, los estudios de opinión identificaron que uno de los principales motivos para el rechazo fue que el primer texto establecía también que el Estado sería “plurinacional, intercultural y ecológico”. La chilenidad reaccionaba contra el mayor protagonismo de las comunidades originarias –especialmente del pueblo mapuche, que mediante grupúsculos violentos provoca desde hace años tensión en su territorio, la Araucanía– y la consecuencia directa ha sido que en una de las 12 líneas rojas fijadas para redactar el segundo proyecto constitucional se insiste en que “el Estado de Chile es unitario”.
“La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”, dice la cuarta de esas líneas rojas, las 12 “bases constitucionales” aprobadas en diciembre pasado por los partidos con representación parlamentaria, en un acuerdo que fijaba la hoja de ruta de un proceso que pasa hoy por elegir los 50 miembros del Consejo Constitucional, una cifra sustancialmente más baja que los 155 integrantes de la fracasada constituyente anterior.
Este consejo se complementa con dos órganos más, la Comisión Experta –que ya redacta un anteproyecto– y el Comité Técnico de Admisibilidad –que vigilará que se cumplan las líneas rojas–, elegidos por el Parlamento e integrados por expertos y juristas. De esta manera, los partidos se aseguran el control de la nueva Constitución, lo que contenta al establishment y a la derecha pospinochetista que, no obstante, ya no discute como antes del estallido social la necesidad de una nueva Carta Magna y la inclusión en ella de derechos sociales.
De hecho, si bien en la primera constituyente la derecha quedó relegada a un papel irrelevante al no lograr el tercio de los escaños que le hubiera permitido bloquear artículos, ahora la expectativa es totalmente opuesta, pues es la izquierda la que podría tener problemas para llegar a ese tercio.
Hoy el voto es obligatorio y los chilenos parecen haberse olvidado de las reivindicaciones sociales. Los sondeos indican que han perdido interés en el proceso constituyente para pasar a exigir orden y seguridad, ante el alarmante aumento de delitos violentos, amplificados por los principales medios de comunicación.
Hace dos años la sorpresa de la constituyente fueron los independientes, pero ahora el Consejo estará básicamente integrado por miembros de las cinco coaliciones que se postulan –tres de derecha y dos de izquierda, una de las cuales engloba a la mayoría de los partidos del Gobierno– y que agrupan a las formaciones políticas.
En esta ocasión, Boric –con una aprobación de solo un 26%– y el Gobierno han decidido quedarse al margen de la campaña para evitar verse salpicados por unos resultados que podrían evidenciar un giro a la derecha de la sociedad chilena, lo que haría más difícil para el joven mandatario llevar adelante su ambiciosa agenda progresista para implantar en Chile un Estado del bienestar.c
La nación es “una e indivisible”, dice una de las 12 bases pactadas, para vetar el protagonismo mapuche creciente