Los perros se quedan sin playa
Una cadena de errores acaba con las opciones de cala Belladona de ser el arenal canino que Calonge y Plajta d’aro anunciaron en Semana Santa
La playa para perros que anunciaron a bombo y platillo los ayuntamientos de Calonge y Platja d’aro a las puertas del inicio de Semana Santa ha quedado sin efecto. Las mascotas ya no pueden disfrutar del arenal ni sus aguas por varios errores en la tramitación de ambos consistorios. Una victoria para los vecinos de las dos urbanizaciones cercanas que se constituyeron en coordinadora, Amics de la Belladona, al considerar que la playa era “ilegal” porque contravenía las ordenanzas municipales, que prohíben el acceso de perros en las playas de ambos municipios. Consideraban además que había otras posibles ubicaciones “más idóneas” para este tipo de playas, mucho más accesibles a personas y animales, y lamentaban que se destinara a ese uso la que calificaban como ”la última cala virgen de ciertas dimensiones del Baix Empordà”.
Pero que la cala Belladona haya sido una playa canina solo lo que ha durado un abrir y cerrar de ojos no tiene nada que ver con el supuesto valor ecológico que también argumentaban los vecinos contrarios a la cala, sino por la deficiente tramitación administrativa que han llevado a cabo los dos consistorios en los que se iba a ubicar. El primer error lo cometió Calonge, que olvidó hacer constar en su plan de usos de la temporada el documento que indica qué actividades habrá en sus arenales, el metraje que la playa canina ocuparía en su municipio.
En la rueda de prensa que realizaron los responsables políticos a principios de abril se anunciaba que la totalidad del arenal iba a tener ese fin, aproximadamente unos 2.500 metros cuadrados, de los que un 20% (unos 679 metros) pertenecen a Platja d’aro y el resto, a Calonge. Pero Calonge únicamente pidió a Costas de la Generalitat, la encargada de autorizar los nuevos usos que tendrán las playas en cada nueva temporada, permiso para colocar un cartel informativo, que ocupaba concretamente un metro cuadrado. Se olvidaron de hacer constar en el documento los metros que reservaban a los canes. Un fallo que lograron enmendar rápido. Pero en la rectificación del plan de usos Calonge ya no reclamaba que toda la cala fuera canina, sino solo 300 metros de su término municipal. “Eso desvirtuaba la idea inicial”, afirman fuentes de Platja d’aro.
Hay más. Ambos municipios pensaron que el plan de usos era suficiente y que prevalecía por encima de sus respectivas ordenanzas municipales, que en ambos casos prohibían expresamente la presencia de perros en sus playas. La ordenanza de uso de playas de Castell-platja d’aro y S’agaró concreta en su artículo 25 que “queda prohibido el baño de animales domésticos en el mar, así como la circulación o permanencia de animales en las playas”. La ordenanza municipal de Policia y Bon Govern de Calonge, en su artículo 15, también recoge que en sus playas se “prohíbe el acceso y presencia de perros”.
Tal era la confianza del Consistorio en que se estaban haciendo bien las cosas que incluso el alcalde de Platja d’aro firmó un decreto de alcaldía en el que pedía que, mientras no se modificara la ordenanza de usos de playas y la de control y tenencia de animales, no se denunciaría la presencia de perros en la playa. La situación generaba situaciones del todo anómalas: la policía, con la ordenanza municipal en la mano, debía multar a quienes pasearan con sus canes por la arena, pero un decreto de alcaldía indicaba lo contrario.
Finalmente, los dos consistorios, al ver que no tenían suficiente margen de tiempo para modificar sus respectivas ordenanzas municipales antes del verano y permitir la presencia de perros en esta cala, han decidido dar marcha atrás. Con el mes de junio inhábil, los tiempos para la modificación eran muy “justos”, según se esgrime en los dos ayuntamientos. Serán los futuros gobiernos municipales quienes decidirán si quieren o no que cala Belladona acabe siendo una playa para perros en un futuro.
El caso no termina aquí. Los opositores a la cala han presentado una denuncia ante los Mossos d’esquadra al considerar que el Ayuntamiento de Platja d’aro puede haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
Los opositores denunciaron desde un principio que era ilegal al no respetar las ordenanzas municipales