Guerra a las segundas residencias
Nueva oleada de atentados en Córcega contra viviendas de ‘continentales’
En algunos países, como España, el peligro de las segundas residencias está en que sean ocupadas ilegalmente. En Córcega, por razones diferentes, el riesgo es que sufran un atentado con explosivos o un incendio criminal. La isla de la belleza, incorporada a Francia en 1769, sufre desde hace decenios el fenómeno de los ataques a las viviendas propiedad de los llamados continentales. El problema se ha intensificado en el último año. Ha habido unos setenta casos, una rutina que ya apenas provoca grandes titulares.
El renovado acoso a los conciudadanos franceses del Hexágono que son dueños de casas en Córcega es el resultado de haberse exacerbado el sentimiento nacionalista y el malestar hacia París. “¡Fuera franceses!” o “¡Fuera especuladores!” suele leerse en las pintadas que dejan los grupos clandestinos autores de los atentados. Lo habitual es que las explosiones y los incendios tengan lugar cuando los propietarios están ausentes. La intención no es matar, sino causar daños materiales y amedrentar, para que los forasteros se vayan y disuadir a otros que pretendan construirse un refugio en el privilegiado enclave mediterráneo.
El detonante de esta nueva fase caliente de la cuestión corsa fue la muerte de Yvan Colonna, en marzo del año pasado, semanas después de haber sido brutalmente agredido, en la prisión de Arles, por un interno musulmán radicalizado. Colonna cumplía cadena perpetua por el asesinato del prefecto Claude Érignac en 1998, una acción terrorista de enorme impacto y cuyas consecuencias aún se arrastran. Los nacionalistas corsos consideraron que el Estado fue en cierta medida corresponsable de la agresión mortal a Colonna por no haberle protegido como debería y por negarse durante años a suavizar el cumplimiento de su condena y a trasladarlo a una cárcel en la isla, cerca de su familia. Se teme que los disturbios tras fallecer Colonna hayan alumbrado una nueva generación de jóvenes nacionalistas extremistas.
Los incendios criminales y las bombas llevan la firma del reconstituido Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) o de nuevos grupos ideológicamente muy próximos, como Juventud Clandestina Corsa (GCC). Justifican su violenta campaña contra los continentales en el hecho de que casi un 30% del parque de viviendas de la isla sean segundas residencias con dueños que no viven en Córcega. Los saboteadores denuncian la especulación inmobiliaria y sus consecuencias derivadas, entre ellas que el acceso a la vivienda sea prohibitivo para muchos isleños, sobre todo jóvenes. Es un problema que padecen otras áreas turísticas muy densas en Europa, pero que en Córcega alcanza quizás un nivel de mayor gravedad y se complica con las reivindicaciones nacionalistas e independentistas, sumadas a los resentimientos históricos hacia París.
Resulta paradójico que el incremento de los ataques a las segundas residencias se esté produciendo justamente mientras se desarrolla lo que se ha bautizado como “el proceso de Beauvau (la sede central del Ministerio del Interior en París)”. Ha habido ya cuatro reuniones entre los dirigentes corsos –incluido su presidente regional, el autonomista Gilles Simeoni– y el titular de Interior, Gérald Darmanin, el hombre designado por el presidente Emmanuel Macron para tratar de buscar una salida consensuada y duradera al contencioso con la isla rebelde. Tras el último encuentro, el miércoles pasado, Simeoni se mostró cautamente optimista sobre la actitud del Gobierno y la perspectiva de avances.
Está sobre la mesa una posible enmienda constitucional para reconocer, de manera inequívoca, la singularidad corsa y su derecho a la autonomía. Pero el escollo está en la interpretación y el alcance de esa autonomía, tanto en términos financieros como culturales e identitarios. La restricción de los derechos de los continentales a comprar bienes inmobiliarios también se discute y es polémica, bajo la presión de los atentados. Otro punto de fricción relevante es la lengua. Hasta ahora París –y Macron lo reiteró con claridad cuando visitó la isla en el 2018– se niega a la cooficialidad del corso porque cuestionaría el principio constitucional de que el francés es la lengua de la República y factor de cohesión –e uniformidad– desde hace más de dos siglos. Francia tolera, con escaso entusiasmo, el bilingüismo, pero se cierra en banda a la cooficialidad con las lenguas territoriales. Es difícil que los nacionalistas corsos transijan en ese aspecto.c
Gobierno y líderes corsos discuten en París más autonomía, pero la cooficialidad de la lengua es un escollo