Guerra policial en Nuevos Ministerios
Un tercio de los vigilantes del Ministerio de Transportes, de baja por la disputa entre Policía Nacional y Guardia Civil
El ambiente es irrespirable entre los cuerpos policiales que operan en el complejo gubernamental de Nuevos Ministerios de Madrid. Policía Nacional y Guardia Civil mantienen desde hace meses una disputa por las competencias de seguridad en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene como rehenes a los vigilantes de seguridad que también custodian el edificio: de una treintena que forman la plantilla, diez han pedido la baja por ansiedad. Todo, a cuenta del protocolo de seguridad que impide a los guardias civiles entrar armados en las instalaciones, algo que no están dispuestos a acatar.
La Policía Nacional se encarga de la seguridad en el interior de los edificios, la empresa privada Sureste Seguridad S.L.U. se ocupa de los accesos y el control, y a la Guardia Civil le corresponde el perímetro exterior. Así lo establece el protocolo de seguridad interno.
Los guardias civiles que vigilan el perímetro solían acceder por la entrada principal del ministerio para ir a su destacamento, a la cafetería o a la peluquería, sin identificarse y con su arma reglamentaria. Los vigilantes, apuntan las fuentes consultadas, hacían de manera puntual la vista gorda. Pero el director de Emergencias, Rubén Eladio López, hace cumplir el protocolo, que obliga a los guardias civiles a identificarse y dejar el arma en la puerta.
“La Guardia Civil no tiene competencia en la seguridad del ministerio”, informa un e-mail que envió el inspector de Policía al jefe de los vigilantes, en el que exige que se le notifique si alguien “desobedece” o “desafía” los protocolos, y se detalle la actitud y amenazas, si se producen.
La respuesta del instituto armado llegó la semana pasada, cuando el conflicto escaló a su punto más álgido. En dos oficios clasificados como confidenciales, adelantados por El Independiente, el coronel jefe de la unidad de protección y seguridad de la Guardia Civil se dirigía en estos términos al inspector López: “Usted no ostenta potestad ni competencia para ordenar los servicios de la fuerza pública”. Y ordenaba que se permitiera a sus agentes portar armas y no tener que identificarse. La orden choca con el protocolo. ¿A quién debe hacer caso la seguridad privada para evitar las escenas de tensión que se están viviendo?
Las fuentes policiales consultadas coinciden en que los guardias civiles pueden entrar armados en edificios oficiales si están en comisión de servicio, lo que incluye el acceso a la oficina de la Guardia Civil en el ministerio. Pero en ningún caso el agente puede transitar con su arma por los pasillos del complejo, ir a tomar un café o a cortarse el pelo, situaciones que se están dando. Las mismas fuentes remiten a la obligación que tienen los policías en el Congreso de dejar su arma en la comisaría de la Cámara Baja.