Los riesgos del ‘greenwashing’
Las autoridades avisan de que esta práctica puede dañar al conjunto del sistema financiero
El greenwashing comenzó siendo un juego de niños revoltosos para sacar partido a la preocupación de sus mayores por el cambio climático. ¿Hay que esforzarse por descarbonizar la economía? Pues pongámonos medallas verdes e impostemos que nuestra empresa es la más comprometida con el medio ambiente. Sin embargo, conforme se ha ido desarrollando una auténtica economía sostenible, con bonos y certificados verdes distribuidos a lo largo y ancho del sistema financiero, el greenwashing ha perdido la gracia, hasta el punto de preocupar a las autoridades. Hay que tomárselo en serio porque lo que comenzó como inocua hipocresía se ha convertido ya en un riesgo real.
Esa es la conclusión a la que acaba de llegar hace unos días el supervisor de los mercados europeos, la ESMA, en un informe en el que avisa del peligro de contagio en los mercados de un eventual escándalo de lavado verde. Hay pocos ejemplos hasta ahora, pero los indicios de sus efectos nocivos ya son suficientes. Por eso, propone por primera vez una definición de greenwashing y traslada su preocupación a la Comisión Europea, para que lo regule en el 2024.
La agencia de calificación crediticia Moody’s calcula que cada año se emiten en todo el mundo bonos verdes por cerca de un billón de euros, y la tendencia va en aumento. Esta deuda se coloca en los mercados con el reclamo de que servirá para financiar un proyecto sostenible y la respuesta suele consistir en una elevada demanda, a menudo de bancos interesados en cumplir sus propios objetivos ambientales. El problema viene cuando el dinero acaba dedicándose a fines no tan verdes.
Sin citarlo de manera expresa, la ESMA pone el ejemplo de lo ocurrido hace ya dos años con la firma DWS, filial de Deutsche Bank. En aquel momento, la responsable de sostenibilidad de la entidad, Desiree Fixler, acusó a la entidad de engañar a los inversores al informar de que cerca de la mitad de sus 900.000 millones de dólares en activos habían sido invertidos con criterios de ESG, esto es, conforme a altos estándares medioambientales, sociales y de gobernanza. Sin embargo, buena parte de la inversión no cumplía estos requisitos, según dijo. Su denuncia provocó una redada policial, un desplome en bolsa de DWS y la salida de su principal directivo.
Este caso y otro más reciente, el de la gestora Mercer, que acaba de ser demandada por greenwashing en Australia tras asociar deuda verde a inversiones en empresas mineras o de alcohol, tienen en guardia a los reguladores, que empiezan a sospechar que detrás de esta práctica hay algo más que una argucia publicitaria.
“Los casos de greenwhasing pueden afectar a entidades financieras y no financieras, con un posible contagio hacia los riesgos operativos, incluidos los legales y reputacionales”, avisa la ESMA. “En condiciones adversas de mercado”, señala, el daño puede “extenderse al conjunto del sistema financiero”.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, reclamó la semana pasada en una jornadas organizadas por el ICO más transparencia y “un estándar global” sobre deuda sostenible que ponga coto al greenwashing. Celebró que, al menos, como primer paso, los reguladores europeos ya hayan establecido una definición de esta práctica con alusión incluida a su carácter “engañoso”. La ESMA concluye, que sin requerir intención de daño a terceros, puede inducir a error a consumidores, inversores y otros participantes en el mercado.
Para las asociaciones que luchan contra el lavado verde ,lo que se necesita es contundencia en Bruselas. “Desde hace mucho tiempo hemos estado reclamando que la UE apruebe robustas y efectivas regulaciones contra el greenwashing, por el bien del clima, de los ciudadanos y, por descontado, de las empresas que juegan limpio”, afirman desde Carbon Market Watch.
El problema ha llegado hasta el FMI que, en su último informe de supervisión de finanzas climáticas, avisa de una ralentización en la emisión de deuda sostenible. “Podría responder a la percepción entre los participantes del mercado en torno al greenwashing y la credibilidad de los activos con los que las compañías cumplen sus objetivos ambientales”, dice.
Esta desconfianza perjudica sobre todo a las empresas que sí invierten en proyectos sostenibles y que ven cómo este esfuerzo no luce en los mercados tanto como desearían. El Tesoro, que tiene emitidos bonos verdes españoles por casi 9.700 millones de euros, calcula que la prima verde, conocida en los mercados financieros como greenium, equivale a apenas 0,03 puntos porcentuales.
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha avisado de que el organismo tomará medidas para controlar el greenwashing en las empresas cotizadas. En su programa de actividades hasta el 2024, ha incluido la necesidad de exigir transparencia acerca de las supuestas inversiones verdes de las compañías.
Moody’s calcula que cada año se emiten bonos verdes por cerca de un billón de euros en todo el mundo