La excepción ibérica permite ahorrar 5.100 millones en la factura eléctrica
La medida tuvo su mayor impacto en el 2022 y ya no se aplica desde febrero
Apenas quedan dos días para que se cumpla el primer aniversario de la entrada en funcionamiento de la excepción ibérica, que permitió fijar un límite al precio del gas utilizado para la generación eléctrica. El saldo de su aplicación arroja un ahorro para los clientes españoles del mercado eléctrico de algo más de 5.109 millones de euros.
El grueso de ese ahorro se produjo durante los seis meses de aplicación de la medida en el año 2022. Según los datos que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención para hacer balance del año, el ahorro de la excepción ibérica en el 2022 ascendió a 4.000 millones de euros. Los otros 1.500 millones provienen de los meses de enero y febrero de este año, ya que el 27 de febrero del 2023 fue el último día en que se aplicó.
Los más beneficiados por la rebaja fueron los consumidores cuyas facturas estaban indexadas al mercado regulado, el conocido como PVPC. “En los seis primeros meses de aplicación el ahorro de quienes tenían sus facturas indexadas al precio regulado de la luz (PVPC) fue de entre 1.800 y 2.100 millones. Lo que supone un 38% menos por hogar, que viene a ser unos 209 euros”, explica Natalia Collado, economista de Esade Ecpol y una de las autoras del estudio que esta organización realizó sobre la medida.
Su balance es que “la excepción ibérica ha cumplido con su objetivo de rebaja las facturas, al menos para los clientes del PVPC, que es lo que hemos analizado nosotros”, asegura.
“Se trata de una medida muy inteligente. Da de lleno en el mo
Los precios ya están por debajo del tope que la Unión Europea autorizó para España y Portugal
Los expertos reconocen que ha cumplido con el objetivo de bajar el recibo del consumidor
tivo de la escalada de los precios el contagio de la volatilidad de los mercados internacionales. Cortó esa conexión y ha demostrado que sin volatilidad ya no ha sido necesaria su aplicación ”,apunta el director general de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno.
Hace justo un año, a dos días de la aplicación de esta excepción ibérica no todos hubieran firmado ese resultado. La propuesta del Teresa Ribera atentaba contra uno de los sacrosantos conceptos en los que se sustenta la Unión Europea, la unidad de mercado. España y Portugal consiguieron la rara avis de que Bruselas les autorizara a aplicar un límite, inicialmente de 40 euros el MWH que se ha ido actualizanue do hasta los 58,3 actuales, para el gas utilizado para la producción de electricidad. El resto de países de la Unión Europea lo pagaban a precios que llegaron a escalar en el mes de agosto a 300 euros.
“El inicio de la medida se produjo en un escenario muy adverso. Coincidió con una ola de calor que disparó la demanda y en un momento en que los países de la tenían que hacer acopio de aprovisionamiento para el invierno”, recuerda Antonio Aceituno.
“Aunque no hay dudas de su efectividad. La medida no ha estado exenta de riesgos. De hecho ese es el motivo por el que, pese a que se valoró, Bruselas no la generalizó para el resto de países”, apunta Natalia Collado.
Los riesgos a los que se refiere la economista de Esade Ecpol es que Francia, sobre todo, ha aprovechado los precios más baratos de la electricidad española para demandarla más que nunca. Las exportaciones han marcado máximos históricos durante el período. “Eso ha implicado que se haya tenido que producir más electricidad en España y, por tanto, las centrales de ciclo combinado, que son las que consumen más gas, han estado más tiempo produciendo”, asegura. Los críticos de la medida se acogen a esta situación para asegurar que “se hubiera ahorrado mucho más sin esta transferencia de renta a Francia”.
Todos tienen parte de razón, pero ahora que la cotización del gas en el mercado internacional se ha tranquilizado y ronda los 30 euros, el debate se centra en si debe o no continuar la medida en vigor. España ha conseguido ampliarla del 31 de mayo de 2023 inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre. “Es una salvaguardia ante posibles nuevas turbulencias”, defiende Teresa Ribera. Otra nueva ampliación solo sería posible si Europa extendiera el paraguas sobre el que autorizó las medidas excepcionales ante la guerra. “Solo en ese contexto excepcional podría continuar” aseguran desde el ministerio.
Todo dependerá del contexto internacional, de la demanda de China o de las inclemencias del tiempo. “Es difícil volver a un escenario de volatilidad como el de hace un año. Las reservas de gas están al 70% y es posible que en agosto se consiga el 100%. No es cuestión de ampliar la medida, sino de que sirva como guía para la necesaria reforma del mercado energético europeo y permita desligar el precio del recibo de l consumidor final de la volatilidad de los mercados”, invita Aceituno.
En esa línea, aunque no con la ambición que él plantea, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el nuevo PVPC que cuando esté implantado en su totalidad habrá reducido al 45% el impacto de la volatilidad del mercado en el precio de recibo de los consumidores finales. El otro 55% estará indexado a los mercados de futuros, que suelen ser más estables.
Si Bruselas no cambia el marco de medidas para responder a la guerra, finalizará el 31 de diciembre del 2023
El nuevo PVPC que se aprueba hoy solo tendrá un 45% del coste ligado a la volatilidad