Los Veintisiete rebajan la ambición de la directiva europea sobre ‘riders’
La directiva sobre riders, como se conoce informalmente a la futura norma comunitaria que regulará los derechos de los trabajadores de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, ha entrado en la fase final de las negociaciones europeas dejándose por el camino parte de sus ambiciones iniciales.
Los ministros de Trabajo de los Veintisiete pactaron ayer su posición negociadora de cara a las conversaciones con el Parlamento Europeo, contactos de los que saldrá el texto legal definitivo, probablemente durante el segundo semestre del año, bajo presidencia española de la Unión. España y otros siete países (Portugal, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Rumanía, Malta y Eslovenia) se desmarcaron sin embargo del acuerdo y se abstuvieron en la votación final al considerar que el texto pactado a instancias de la presidencia sueca de la UE no es lo suficientemente ambicioso.
Los Veintisiete reclaman por ejemplo que, para determinar si los empleados de plataformas digitales son realmente trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, de los siete criterios definidos deba cumplir al menos tres, en lugar de dos de cinco, como planteaba el texto original de la Comisión Europea. Entre los elementos que se tendrá en cuenta para llegar a una conclusión figura que las empresas fijen topes a la cantidad de dinero que los trabajadores pueden ganar, limiten su capacidad para rechazar trabajo, decidan sobre su apariencia o supervisen su trabajo por medios electrónicos.
Otro aspecto que España y el resto de países que se abstuvieron en el voto de ayer critican también que el acuerdo renuncie, por ejemplo, a reconocer por ley un nivel de protección mínimo que ya han reconocido los tribunales nacionales. Es necesario “establecer la presunción de laboralidad sin restricciones o excepciones, ya que esto solo perpetuaría el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas e incluso entre intermediarios, lo que ha llevado a la existencia de miles de falsos autónomos en Europa y a condiciones laborales precarias”, lamentan en una declaración conjunta.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró ayer que el texto de compromiso pactado por la presidencia sueca está “fuera del sentido común” y confió en que las negociaciones con el Parlamento Europeo permitan “mejorar” el texto. Para España, que ya tiene su propia ley rider, más ambiciosa, “es imprescindible compatibilizar el trabajo, la economía digital, con los derechos humanos y con los derechos laborales”, recalcó Díaz.c
España y otros siete países se desmarcan del acuerdo y esperan mejoras en el Parlamento